Seis ex militares que ocuparon altos cargos durante la última dictadura militar revisten como empleados de la Agencia de Control comunal del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto a otros ocho ex compañeros de armas. Fueron contratados por no tener antecedentes policiales, como único requisitoEn un comunicado difundido por Hijos por la Igualdad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS bajo el título “¿Un grupo de tareas en el gobierno de la ciudad?”, destacan:
“Quizás el caso más significativo de los Inspectores de Young, sea el de Enrique Jordana Testoni, teniente coronel del Ejército que fue director de la Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu en Rosario durante la dictadura. Allí también funcionó un centro de detención clandestino. Jordana fue arrestado en 2004 por el Juez Digerónimo y cumplió durante varios meses prisión domiciliaria. El mismo juez paradójicamente le dictó la falta de mérito, por considerar que ningún detenido lo ubicó dentro del predio, sin tener en consideración que los allí detenidos estaban con sus ojos vendados y esposados”.
Otros ex militares que ocuparon cargos de relevancia durante la dictadura y que ahora trabajan a las órdenes del ex juez Federico Young son el general de Brigada Enrique Santiago Servatico y el teniente coronel Lucio Strazza. El primero fue jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 en Concordia, Entre Ríos, donde funcionó un Centro de Detención Clandestino. El teniente coronel Strazza en diciembre de 1976 “revisto en el Batallón de Arsenales 181 y después recaló en la SIDE durante el menemismo” señala el comunicado de los organismos de derechos humanos, que menciona además al oficial de Inteligencia Luis Rogelio Sánchez, que integró el Batallón 601 del Ejercito.
En su paso por la Legislatura porteña, a la que acudió para defender el elevado presupuesto de la la Agencia Gubernamental de Control, Federico Young, tuvo que responder preguntas sobre los catorce oficiales retirados de Gendarmería y del Ejército de avanzada edad que contrató como inspectores o administrativos.
“El único requisito es la falta de antecedentes policiales y lo cumplen todos los contratados” respondió Young.
Silvana Giúdice, diputada nacional, quien ocupó el cargo equivalente al de Federico Young en la gestión de Aníbal Ibarra, no está de acuerdo: “El decreto que le asignó poder de policía al personal contratado es el 153 del 2003 y en la implementación de ese decreto está claro que los nuevos contratados debían poseer titulo universitario en la materia específica del control comunal que fueran a desarrollar, es decir arquitectos, ingenieros, abogados, agrimensores, etc. también deberían acreditar aptitud moral para el cargo, es decir presentar declaraciones juradas de su patrimonio antes y después de ejercer el cargo, y presentar el certificado de reincidencia” sostiene en un información de prensa y agrega “Esto supone también no haber ejercido ningún tipo de función en el aparato represivo del estado. El espíritu original era que los inspectores tuvieran preparación técnica o profesional para ser más eficientes y que la tarea de control comunal no es una actividad policial ni de orden militar, el poder de policía detentado por estos inspectores es sólo administrativo”.
