El 5 de diciembre de 2021, sin ningún tipo de autorización, Ricardo La Regina, decidió construir un camino paralelo al mar en la finca de su familia que linda con el Área Natural Protegida de Punta Tombo.
Ingresó a Reserva y con una topadora arrolló a la mayor colonia de pingüinos de Magallanes del mundo, lo que provocó a su vez el desmonte de vegetación nativa.
Además, instaló un alambrado electrificado a lo largo de 900 metros que, en diferentes sectores, impidió la libre circulación de los pingüinos.
El entonces Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, presentó en su momento una denuncia penal por infringirse “la ley nacional de Protección Animal”que establece que los ciudadanos deben proteger no sólo a la fauna sino a sus crías”.
Ahora, en un veredicto sin precedentes, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut encontró culpable a Ricardo La Regina de los cargos de daño ambiental agravado y crueldad animal. El pasado jueves 7 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal de Chubut informó que Ricardo La Regina había sido declarado culpable por “daño en tres hechos y crueldad animal por dos hechos”. El productor ganadero era el único imputado en la causa.
El Superior Tribunal de Justicia, integrado por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri, había determinado que “Ricardo Adolfo La Regina, sin autorización administrativa previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retroexcavadora) procedió al desmonte completo de vegetación nativa y remoción de suelo provocando daños irreversibles a la fauna y flora autóctonas del lugar, dañando el hábitat reproductivo del Pingüino de Magallanes y en el último de los hechos también, arrollando un alto número de pingüinos vivos de diferentes edades, matándolos, lastimándolos y causándoles sufrimiento como así también arrollando huevos en etapa de incubación”.
“Son actos crueles hacia los animales, su accionar fue total y completamente planificado”, resumieron las organizaciones querellantes en la causa: Fundación Patagonia Natural, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados/as, solicitando cuatro años de cárcel, una restricción de uso de su propiedad, la extensión de la reserva natural a 500 hectáreas, el pago de $USD 518.000 para la preservación de éste y otros hábitats y el decomiso de la maquinaria que causó el desastre ambiental.
