La Asociación por la Justicia ambiental advierte de “un nuevo intento privatizador de la ley de semillas por parte del gobierno nacional, que se propone modificar la actual Ley de Semillas y creaciones Fitogeneticas N° 20.247”.
Al efecto –sostienen– convocó a la Comisión de Agricultura en plenario (junto a la Comisión de Presupuesto y Legislación) de la Cámara de Diputados a los fines de elaborar el dictamen respectivo.
Esta convocatoria tendría por objetivo discutir los distintos proyectos presentados hasta el momento (Incluyendo el presentado por la FAA junto a organizaciones campesinas y sociales), pero sin incluir el proyecto que viene discutiendo los últimos meses las autoridades oficiales junto a las corporaciones semilleras y agrarias (ASA, Aapresid, Aacrea, Arpov, SRA, CRA y Coninagro), por lo que se presupone que el gobierno lo presentara sobre tablas impidiendo a la sociedad conocer cuáles son modificaciones pretendidas.
Esta Ley de Semillas que ha sido denominada “Monsanto-Bayer” busca cercenar el derecho de uso propio, este derecho implica la posibilidad del agricultor de reservar semillas de su cosecha para volverlas a sembrar en el siguiente ciclo, un derecho milenario de los agricultores que han desarrollado y perfeccionado sus técnicas que hoy pretende ser privatizadas por las corporaciones, quienes intentan adueñarse de nuestra semillas y por ende de nuestra alimentación.
Esta restricción para reservar las semillas les implicará a los agricultores “la obligación de pagar regalías por años y la persecución judicial en caso de incumplirlas, experiencia que ya se ha visto en Colombia a través de la resolución 970 donde fueron decomisadas las plantaciones de los campesinos por no utilizar semillas registradas“.
La regulación sobre la propiedad intelectual de las semillas implica un debate directo sobre la “posibilidad de apropiación y de mercantilización de nuestros bienes comunes” y, siendo la “semilla” para el productor el primer eslabón del proceso productivo, deviene elemental su resguardo para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos. Los derechos de propiedad intelectual son instrumentales y deben estar subordinados al ejercicio de los derechos humanos fundamentales.
“En este sentido, todo régimen de propiedad intelectual, que haga más difícil el ejercicio de los derechos a la vida, la salud y la alimentación adecuada, es incompatible con las obligaciones en materia de derechos humanos que el Estado se ha comprometido a respetar y proteger. A través de la normativa que se proyecta, el Poder Ejecutivo Nacional podría violar los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación adecuada reconocidos en la Constitución Nacional, al restringir el derecho ancestral de los agricultores a reservar e intercambiar libremente las semillas, base de la reproducción de la vida misma y presupuesto esencial del ejercicio de dichos derechos” concluye el comunicado de la entidad.
