El avance del negocio inmobiliario orientado a sectores acomodados de la sociedad y la denominada “puesta en valor” de áreas urbanas históricas, que en la Ciudad de Buenos Aires experimentaron, entre otros barrios, La Boca, San Telmo y Palermo, llevaron en los últimos años a alzas de hasta el 400 por ciento en el valor de los alquileres de viviendas residenciales, lo que obligó a muchas familias a mudarse a zonas más económicas de la Capital y el conurbano, con la consiguiente agudización de la brecha habitacional en el distrito, según especialistas consultados por Télam.
Martha Gutiérrez tiene 62 años y trabaja en varias casas como empleada doméstica. Vive con su nieto en un departamento que alquila desde hace dos años en el barrio porteño de Parque Patricios. “Me gusta mucho el lugar –cuenta– pero en febrero me voy a tener que mudar otra vez porque el dueño ya me avisó que el alquiler se va a ir al doble”.
Martha cambió de casa tres veces en seis años y siempre es por el mismo problema: aumentan el alquiler. Su caso no es único, sino el de decenas de miles de porteños obligados a cambiar de barrio porque el lugar en donde viven se vuelve demasiado caro.
Pero este no es un hecho casual ni aislado, es un proceso planificado y tiene un nombre: gentrificación.
Ese término fue utilizado inicialmente por Ruth Glass en 1964 para dar cuenta del proceso de reapropiación del centro urbano de Londres por parte de las clases medias y medio-altas, ocasionando el desplazamiento hacia la periferia de las clases obreras que habitaban los barrios centrales de la capital británica.
Este proceso expulsivo prosiguió en muchas ciudades europeas y también está presente en ciudades de la Argentina, particularmente, y con mucha fuerza, en la ciudad de Buenos Aires.
“El Gobierno de la Ciudad a través de las políticas públicas decide gentrificar un barrio –explica el doctor en urbanismo y arquitectura Davide Ciuna– lo hace por un trabajo de recalificación urbana, el suelo sube de precio, los habitantes ya no pueden pagar ese precio y entonces están obligados a irse. Es lo que ocurrió en barrios como La Boca, San Telmo, y Palermo”.
Para Ciuna, “no es trata de un proceso amable sino que existe una gran tensión social. Hay dos fuerzas en pugna. De un lado están los agentes gentrificantes: el gobierno, las inmobiliarias, las empresas constructoras y la industria del turismo, y por el otro, hay un elemento cultural de resistencia que son los vecinos del barrio que se niegan a ser expulsados y se organizan en ONGs vecinalistas y ambientalistas”.
Según el urbanista, la transformación se agudizó con las políticas neoliberales. “Comenzó con la división de la ciudad en comunas y con los distritos económicos a partir del 2008. En los años 90 y 2000 la ciudad estaba fragmentada entre barrios pobres y ricos”, señala.
En su tesis doctoral Ciuna propuso que en los últimos años se produjeron micro fragmentaciones y micro intersticios como resultado de la gentrificación. “En una misma manzana se puede encontrar un edificio con amenities al lado de uno muy deteriorado. Así, el barrio va cambiando, se pone más caro, aparecen barberías donde había peluquerías; restaurantes veganos donde había cantinas”, describe.
Las mejoras de infraestructura y la creación del Distrito Tecnológico en el barrio de Parque Patricios tuvo una consecuencia deseada pero no buscada: la incorporación de ofertas de alquiler temporal a través de la plataforma Airbnb.
Al menos hasta la pandemia los turistas lo elegían por la cantidad de servicios y la cercanía a la zona histórica. Todo esto promovió la creación de hoteles y la suma de restaurantes que se verifica en los últimos años.
“En un barrio donde el 40 por ciento de sus residentes no son propietarios la irrupción del alojamiento temporal, que es mucho más rentable y en dólares que el alquiler para vivienda, es especialmente perjudicial para los inquilinos, aún más cuando el acceso a la vivienda en CABA se encuentra totalmente desregulado”, plantea la investigadora del Conicet Natalia Lerena Rongvaux, coautora del trabajo El surgimiento de Airbnb en Parque Patricios.
Además, asegura que como parte de este proceso “muchos inquilinos caen en el mercado inmobiliario informal, en inquilinatos, pensiones o incluso en villas, porque no pueden acceder a las condiciones que un contrato formal exige”.
Rongvaux sostiene que el objetivo del Gobierno de la Ciudad es la valorización del precio de la tierra y que ese es su indicador de éxito. “Hay una política pública de valorización con un efecto en el sector privado para beneficiar a una clase concreta, a los propietarios, y generar las condiciones para que vengan las inversiones a los barrios sin ocuparse de lo que ocurra con los que alquilan. Sin vueltas: la ciudad para quien la pueda pagar”.
La especialista explica que se pueden encontrar edificios enteros construidos para alquileres temporales. “No es lo mismo si mi tía alquila una pieza para alquilar a turistas para completar su jubilación que si una constructora levanta un edificio destinado a este fin”, completa.
Otro fenómeno que influye en el perfil de la Ciudad son los hipsters, una tribu urbana de clase media alta muy reconocible: hombres de barba arreglada, de unos 30 o 40 años, inspirados en lo alternativo y la cultura norteamericana de los años cuarenta.
“Los hipsters son un hecho muy gentrificante”, asegura Ciuna, ya que “buscan vivir en zonas históricas y, como en general son solteros, en esas zonas proliferan unidades hechas a su medida de uno o dos ambientes, que por otro lado son más rentables para las empresas”.
“La renovación urbana no es mala de por sí, las ciudades son dinámicas. Una ciudad no se puede quedar estática”, asegura Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Sin embargo, aclara que “se debe evaluar qué parte debe crecer, cuál se debe mantener y cómo mitigar los impactos negativos. Toda modificación genera impactos positivos y negativos de por sí, el problema es si no fue discutida democráticamente. Se debe estudiar cómo universalizar las cargas y como dispersar los impactos positivos para que no queden para unos pocos.
Universalizar las cargas significa que las consecuencias de los cambios no recaigan en un solo sector social. Baldiviezo ejemplifica: “En la avenida Patricios, en dos años, los precios de los alquileres habían aumentado un 400 por ciento. Si el gobierno no interviene, la carga de ese aumento va a quedar solo en las familias, en cambio si se universaliza va a ser una carga de toda la ciudad”.
Esto quiere decir que se convierte en una carga para toda la ciudad si interviene el Estado. De este modo, las familias no absorben el aumento del valor del suelo. Del mismo modo, las ganancias son capturadas por el Estado y no exclusivamente por el sector inmobiliario, y “con esas ganancias luego pueden universalizar las cargas”, detalla el letrado.
“La Ciudad de Buenos Aires tiene la mitad de las personas en situación de alquiler. De modo que la ganancia la captura la mitad de la clase propietaria”, continúa Baldiviezo, quien detalla que “con la crisis habitacional que hay en la ciudad el 9 por ciento de las viviendas residenciales están vacías y uno de cada 6 porteños y porteñas tienen problemas de viviendas”.
