En el marco de la lucha contra la violencia por razones de género, la legisladora y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, Laura Velasco, presentó un proyecto de ley para crear la figura de las promotoras y promotores territoriales de Géneros y Diversidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Además, busca reconocer el trabajo que llevan adelante miles de militantes populares en los barrios contra la violencia de género y las desigualdades.
La propuesta lleva el nombre de Bety Quispe, la militante popular que falleció durante la pandemia, promotora de género e integrante de la Red de organizaciones y docentes de Bajo Flores
Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, hubo 162 femicidios (1 cada 27 horas), de los cuales 81 se produjeron durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El 69% fueron cometidos por parejas o ex parejas y el 70% ocurrió en la vivienda de la víctima. Del total, 33 mujeres habían realizado al menos una denuncia y 11 tenían medidas de protección judicial.
El texto de la iniciativa define a un promotor o promotora territorial de géneros y diversidad, como la persona de la comunidad que se forma para promover los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, así como la participación y organización popular desde la perspectiva de género y derechos humanos. A su vez, incorpora esta figura a los equipos territoriales que funcionan en cada uno de los Centros Integrales de la Mujer que hay en la ciudad, con las mismas condiciones laborales que el resto de los trabajadores de los CIM.
Entre sus principales funciones están facilitar el acceso a la información en materia de prevención, promoción y asesoramiento sobre derechos y herramientas para hacer frente a situaciones de violencia, de manera articulada con instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, instituciones comunitarias y barriales, como de los programas y servicios relacionados con temas de violencia doméstica, derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos; así como el relevamiento, registro, producción, sistematización y análisis de los datos en materia de violencia y desigualdad por razones de género de la comunidad.
