El fiscal federal Franco Picardi impulsó la acción contra la Ministra y el funcionario de la misma cartera, Pablo Noceti por espionaje ilegal y coacción contra los mapuches durante el desarrollo del conflicto de 2017.
Concretamente, se pide investigar si ambas figuras, junto con otros funcionarios de Seguridad, actuaron fuera de sus atribuciones con el objetivo de perseguir y coaccionar a la comunidad mapuche y así resguardar los negocios de los propietarios de las tierras. En ese sentido, el dictamen solicita saber si hubo una protección del lucro inmobiliario en la administración de la negociación entre ambos. La denuncia la impulsa la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Lo explica Dario Villarruel.
“Patricia, que se fue a perseguir a los pueblos originarios, finalmente fue imputada por una denuncia de organismos de Derechos Humanos”, explico Villarruel. La Ministra, que había manifestado que “no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas. Le damos carácter de verdad a la Prefectura”, tendrá que probar su inocencia por la denuncia en su contra por espionaje ilegal y represión al pueblo Mapuche.
“Me duele que una funcionaria de ese alto cargo diga las barbaridades que dice Patricia Bullrich. En realidad, lo que va a investigar la justicia es espionaje, muertes y la mala utilización de fondos del Estado”, sostuvo Villarruel.