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Render del proyectado puente sobre el Riachuelo suministrado por Autopistas Urbanas
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El conflicto de competencias entre un juez bonaerense y otro de la Ciudad a raíz de la proyectada construcción del puente sobre el Riachuelo entre las avenidas Roca, de Avellaneda, y Patricios de la Ciudad de Buenos Aires, terminaría siendo dirimido por la Suprema Corte de Justicia.
El obstáculo que podría cambiar completamente su diseño o parar su construcción es un duro conflicto de poderes entre el juez federal de primera instancia de Quilmes, Luis Armella, y su colega porteño Roberto Andrés Gallardo, titular del segundo tribunal contencioso y administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Los dos magistrados deberán someterse al máximo tribunal de la Nación luego de que Gallardo anulara la audiencia pública que Armella permitió realizar.(tiempo.elargentino.com, octubre 30)
Antecedentes
El 22 de abril de 2008, el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad llamaba a concurso nacional e internacional para el diseño y construcción del Puente Roca – Patricios “con el objetivo de mejorar la conectividad de la Ciudad de Buenos Aires con el Municipio de Avellaneda, a través de la Avenida Patricios”. La finalidad del concurso era seleccionar a “la consultora que tendrá a su cargo el gerenciamiento del proyecto total”.
La empresa AUSA (Autopistas Urbanas) del Gobierno de la Ciudad mediante la Licitación Privada Nº 23 de 2009 adjudicó el Anteproyecto ejecutivo Puente Roca Patricios para luego llamar a licitación para la “construcción y mantenimiento del Puente Roca Patricios mediante LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/2010″. Para la realización del Proyecto Ejecutivo, AUSA hace entrega con el pliego “de la documentación correspondiente al Anteproyecto Ejecutivo de la obra del objeto”. El Anteproyecto Ejecutivo corresponde a un puente giratorio a ras de la costa que sería fuertemente criticado en la Audiencia Pública del 25 de octubre último.
La Audiencia
Desde mayo el Ministerio de Desarrollo Urbano había fijado el lunes 25 de octubre como fecha para debatir en forma pública la obra de 45 millones de pesos. Cabe señalar que la Audiencia Pública fue convocada por el Gobierno de la Ciudad y la empresa AUSA luego de que la diputada María José Lubertino realizara una presentación judicial de amparo solicitando se suspenda y anule la licitación de la obra.
Pero, a mediados de octubre, el juez Roberto Gallardo del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires suspendió la audiencia luego de hacer lugar a un amparo presentado por la Cámara Argentina de la Arena y la Piedra. La Cámara sostuvo que la obra iba a afectar la libre circulación de unos cuarenta buques cargueros de arena.
Inmediatamente intervino el juez Armella de Quilmes, quien dio vía libre para la audiencia, amparado en un pedido de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para realizar el acto público.
La audiencia pública se realizó finalmente en el CGP 4 del barrio de La Boca el lunes 25 de octubre.
La diputada María José Lubertino intervino enumerando una serie de incumplimientos: 21 artículos de la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental, las leyes 123, 2201 y la ley General del Ambiente.
Entre otras cuestiones, María José Lubertino y su equipo denunciaron que del Estudio de Impacto Ambiental no surge cuándo, cómo y a cargo de qué jurisdicción se realizarán las obras viales en el Municipio de Avellaneda, no existe un cronograma de desocupación del camino de sirga por parte de las empresas que lo ocupan tanto en Avellaneda y como en Ciudad de Buenos Aires que justifique la apurada ejecución del puente. Además, denunciaron que no existe un plan de transporte público que mejore la conectividad entre la Provincia y la Ciudad, además de que falta un plan de ordenamiento territorial a nivel de toda la cuenca del Riachuelo -Matanza.
Los 37 expositores intervinientes aclararon que no se oponían al puente pero pidieron que se descartara el proyecto de sistema giratorio al ras de la costa “que atrasa cien años” y en cambio se hiciera en altura para no dificultar la navegabilidad del Riachuelo.
Gallardo declaró a la audiencia nula y sostuvo que Armella no tiene competencia en el conflicto, porque en el caso está demandado el Estado porteño.
El fallo de Gallardo
1°. Hacer lugar, previa caución juratoria, a la medida cautelar solicitada.
2°. Ordenar la suspensión del trámite de la Licitación Publica N°5/2010 “Proyecto Ejecutivo, Construcción y Mantenimiento del Nuevo Puente sobre el Riachuelo/Puente Roca Patricios”, hasta tanto, se resuelva en forma definitiva y firme en estos obrados.
3°. Ordenar, asimismo, la suspensión de la Resolución N°270-APRA/10, dictada en el marco del Exp. N°184.118/10, en cuanto convoca a la celebración de una audiencia pública para analizar el proyecto ‘Construcción del Puente Roca-Patricios’ para el día 25 de octubre de 2010, a partir de las 10:00 h.
4°. Regístrese, notifíquese a las parte actora, haciéndole saber que deberá notificar este decisorio al GCBA junto con el traslado de la demanda oportunamente ordenado.”
Por su parte intervino el Juzgado Federal de 1ra. Instancia de Quilmes, provincia de Buenos Aires, a cargo de Luis Armella, sobre el expediente N°01/09, caratulado “Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c/Estado Nacional y ots. s/Ejecución de Sentencia (En autos Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c/Estado nacional y ots. s/Daños y Perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza-Riachuelo”.
Se trata de una presentación efectuada por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a fojas 6139/6148.
El juez Armella resolvió:
I. Hacer lugar al planteo interpuesto por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, declarándose la validez de la celebración de la Audiencia publica fijada para el día 26 de octubre del corriente año, a partir de las 10 hs., mediante Resolución N°270-APRA, dictada en el marco del Expte. N° 18118/10, a los fines de analizar el proyecto Cosntrucción del Puente Roca-Patricios”.
II. Requerir a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, notifique la presente en el día de la fecha, y en forma personal, con habilitación de días y horas inhábiles, bajo debida constancia, al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a Autopistas Urbanas S.A., lo cual deberá ser acreditado dentro de las 24 horas.
III. Requerir a la Sra. Secretaria General de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dra. María de la Paz Dessy, notifique en forma urgente y personal, bajo debida constancia a los representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), lo cual deberá ser acreditado dentro de las 4 horas.
Así las cosas, la Corte Suprema deberá resolver el conflicto de poderes. Entretanto, el proceso licitatorio no podrá avanzar. La obra tal como está planteada debía terminarse en diez meses. Pero es, precisamente, el planteo de un puente giratorio lo que está en discusión. El interrogante es si el Gobierno de la Ciudad está decidido a avanzar pese a las objeciones e insiste con el anteproyecto contratado de un puente giratorio, aportando estudios de factibilidad que lo hagan viable y conveniente frente a otras posibilidades.
