A ocho años de la tragedia de Barracas, los familiares de las víctimas del incendio y derrumbe del depósito de Iron Mountain consideran “una burla” que ni siquiera haya procesamientos confirmados por el siniestro en el que murieron 10 bomberos y rescatistas, y esperan que este año cobre finalmente impulso la causa, mientras celebran la realización de un documental que los tiene como protagonistas.
El documental En cumplimiento del deber, dirigido por Jorge Gaggero, cuenta esta historia y se mete en los laberintos de la firma de alcance global, denunciando que ya había sufrido siniestros en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Italia, y que en cinco de esos casos fue demostrada su intencionalidad.
En la mañana del 5 de febrero de 2014, la propagación de un incendio desatado en el depósito que la firma Iron Mountain tenía en Azara 1245, provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder por las altas temperaturas y derrumbara la pared de la calle Jovellanos.
Como consecuencia de esto, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.
Cuatro años después, el juez de Instrucción 18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por “incendio culposo seguido de muerte”, decisión que fue apelada tanto por las defensas como por la querella, esta última en relación a los cinco sobreseimientos.
Tras largo trámite, el 29 de diciembre de 2020 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminar y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la “intencionalidad”, ordenándole al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de un colegio pericial.
El fallo que mandó dictar una nueva resolución benefició a Eduardo Alfredo Sueyras, director de seguridad e higiene para América Latina de la firma; Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general, y Héctor Eduardo García, jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina.
También alcanzó a los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad; Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales; y Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programación Operativa.
Los otros beneficiados son Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa; Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control; Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras.
El periodista y escritor Pablo Waisberg, que participó en la investigación periodística para el documental “En cumplimiento del deber”, explicó que el proceso de trabajo sufrió un “quiebre” cuando se hizo evidente que “las 12 personas muertas habían ido a salvar vidas y terminan muriéndose para apagar papeles de un incendio provocado”. Waisberg habla de una docena de muertos porque contabiliza los dos bomberos que se suicidaron después de intervenir en este incendio.
“A diferencia de lo que ocurre con una producción de ficción, en un documental uno entra con una hipótesis que después se van modificando o que deberían modificarse”, dijo.
En este caso, el cambio se dio al advertir que no se trató de negligencia, sino de intencionalidad y ese giro “se refleja en el guión y la película”.
“Un incendio intencional en un lugar que contiene archivos no podían tener otro sentido que destruir esos archivos. Archivos de bancos, de empresas. Me resulta complejo decir quién podría ser, al ser tantos los investigados al mismo momento por maniobras de criminalidad económica. Y también pudiera ser una empresa o corporación que no estuviera siendo investigado, pero que podría serlo en el futuro”, agregó
