La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, Romina Monteleone, solicitó al responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18, Pablo Ormaechea, la indagatoria de 32 personas –entre ellos directivos de Iron Mountain, policías y funcionarios del gobierno de la Ciudad– supuestamente involucradas en el incendio ocurrido en la mañana del 5 de febrero de 2014, en el depósito que la firma Iron Mountain Argentina S.A. tenía en la calle Azara 1245, en el barrio de Barracas, y en el que fallecieron bomberos y rescatistas al derrumbarse una de las paredes del lugar.
En lo atinente a la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Monteleone solicitó la citación de los funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP), Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi. El primero porque “se hallaba obligado a verificar que el depósito siniestrado reuniera condiciones aceptables de seguridad, obró un modo sumamente negligente y con una grave impericia en el desarrollo de su actividad (…) en virtud de haber contribuido a la creación de un riesgo de incendio peligroso para terceros”; mientras que el segundo “ocupaba el cargo de Director General de Habilitaciones y Permisos y, consecuentemente, también el de Presidente del Consejo Ejecutivo del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones”, por lo cual “tenía el deber legal de recibir los informes y denuncias que los PVH pudieran efectuar sobre las anomalías detectadas en los locales y remitir lo actuado a las áreas competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y/o al Consejo Profesional respectivo, de ser necesario, con el fin de considerar la eventual aplicación de las penalidades pertinentes”.
Las citaciones también alcanzaron a funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así, se requirió la indagatoria de Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani, quienes en distintas oportunidades inspeccionaron las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del predio siniestrado, sin consignar anomalía alguna.
A pedido de la fiscalía se requirió la indagatoria de Luis Alberto Cogo –Jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas- Roberto José Chiesa –Director de Industrias y Otros Locales- Vanesa Ileana Berkowski –Directora General de Fiscalización y Control- Silvia Miriam Hers –Jefa del Departamento de Programación Operativa- posteriormente renombrado como Subgerencia de Programación Operativa.
Por otro lado, Rafael Mario Roldán, Fabián Conrado Davies y Pierre Louis Chapar –encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control, también deberán declarar junto a Gastón Luis Laugle, Patricia Moroni y Jorge Andrés Salazar, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa. Estos tres últimos funcionarios “entre sus responsabilidades primarias se encontraban las de desarrollar un control integral de los procesos inspectivos y verificar el cumplimento del Plan Operativo Anual, como así también la de proponer adecuaciones para su correcta implementación”.
Una ausencia notoria
El actual director general de la Aduana Juan José Gómez Centurión, a cargo de la Agencia Gubernamental de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad en el momento del incendio, no figura entre las citaciones, a pesar de las que alcanzan a funcionarios con cargos menores en su área, en las recomendaciones de la fiscal Monteleone.
En un acto de familiares de las víctimas al cumplirse el primer aniversario del siniestro ya habían señalado al ex carapintada como el máximo responsable y encubridor de los resultados de la tragedia.
El legislador Gabriel Fucsks, por su parte, señaló: “Cuando vino a la Legislatura porteña a responder sobre su responsabilidad institucional -como titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)- en la pérdida del expediente del galpón incendiado, no tuvo problema en culpar a los bomberos por su propia muerte, y no por la falla en los controles estatales como se demostró en la investigación”.
