En el marco de la investigación por el incendio del galpón de la firma Iron Mountain, en el que fallecieran diez bomberos y personal de Defensa Civil, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por mayoría, confirmó los procesamientos de las 17 personas imputadas.
Asimismo, revocó los sobreseimientos de tres de los involucrados, por lo que procesó a uno de ellos, y dictó la falta de mérito en relación a los dos restantes. En las audiencias intervinieron la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, Romina Monteleone, y su colega de la Fiscalía General N°1 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Joaquín Gaset.
El caso
Alrededor de las 8.00 de la mañana del 5 de febrero de 2014 se disparó la alarma de incendio de dos sectores del depósito que la firma Iron Mountain tenía en la calle Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas.
Tres personas que se encontraban en el lugar intentaron combatir el fuego, pero ante la magnitud del incendio dieron aviso al servicio de emergencias 911, que movilizó a distintas dotaciones de bomberos, móviles de las seccionales N°26 y 30 de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina y de Defensa Civil.
Tras comenzar las tareas para extinguir el incendio, un grupo de bomberos ingresó al predio por la entrada de la calle Azara, mientras que otro grupo trabajaba sobre el acceso de la calle Melchor Gaspar de Jovellanos. Pasadas las 9 de la mañana, la pared de la calle Jovellanos se desplomó encima del comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz; el cabo Maximiliano Martínez; y del agente bombero Juan Matías Monticelli, quienes fallecieron en el acto junto a los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico; Sebastián Campos, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha; y el rescatista Pedro Báricola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti y Facundo Ambrosi. Este último murió días después, el 17 de febrero, como consecuencia de múltiples traumatismos.
El 28 de abril de 2014, personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a desmantelar los escombros del depósito. Las labores se extendieron por varios meses, dado que se realizó “por capas”, mientras se enviaba a peritar el material colectado.
En febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales, en los que se concluía que el incendio podría haber sido intencional. Sin embargo, restaba el estudio de los facultativos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que fue entregado a mediados de 2016, tras lo cual se efectuó una inspección ocular en las ruinas del predio.
El 2 de febrero de 2017, la fiscal Monteleone, requirió la indagatoria de los entonces 32 imputados, las cuales comenzaron en mayo de ese año. Simultáneamente, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, Pablo Ormaechea, formó incidentes de prescripción respecto de dos funcionarios de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina y el apoderado de la firma, y corrió vista a la fiscal, quien se opuso a ello.
Finalmente, el 5 de marzo de 2018, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18, Pablo Ormaechea, dispuso el procesamiento y sobreseimiento de varios imputados. La decisión fue apelada por la representante del Ministerio Público y parte de las defensas, celebrándose una serie de audiencias ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
La decisión de la Sala VI.
Al resolver la cuestión, los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Ricardo Matías Pinto y Magdalena Laiño Dondíz -quien votó en disidencia- confirmaron los procesamientos de 17 personas y los embargos oportunamente dispuestos.
Hay 12 funcionarios porteños procesados, entre ellos, la exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad, Vanesa Berkowski, quien además ya había sido procesada por el derrumbe del boliche Beara ocurrido en septiembre de 2010. También del mismo organismo, Rafael Roldán y Pedro Chapar.
Al igual que el entonces jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, Luis Cogo; el exdirector de Industrias y Otros Locales, Roberto Chiesa; y la exjefa del Departamento de Programación Operativa, Silvia Hers.
Los camaristas además ratificaron el procesamiento de Gastón Laugle y Esther Moroni, responsables en ese momento de la Dirección de Administración y Gestión Operativa. Y de los inspectores Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Félix Lugo y Jorge Papanicolau.
De la firma Iron Mountain están procesados los directivos Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, sobre quienes pesa un embargo por 20 millones de pesos cada uno; y Oscar Godoy de la empresa Segurplus, quien era responsable de vigilar el depósito cuando ocurrió el incendio.
Los jueces además revocaron el sobreseimiento de un funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) del GCBA, procesándolo por el delito de “incendio culposo seguido de muerte en concurso ideal con el delito de lesiones culposas”; y dictaron la falta de mérito del inspector de la División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA) y del gerente de Operaciones de Iron Mountain.
