Cuando Mauricio Macri se convierte en Jefe de Gobierno porteño trae consigo antecedentes de diversa índole, siendo uno de los más significativos el que lo conecta con el tema de los residuos y las maneras de disponer de ellos en la Ciudad de Buenos Aires.
Macri se ganó el cariñoso mote de “el cartonero”, entre allegados y simpatizantes futboleros, a partir de sus declaraciones realizadas en algún momento tras la crisis del 2001. Por entonces, calificó a los recolectores informales de cartones y otros elementos reciclables de “delincuentes” porque “roban la basura” que, desde luego, tiene otros dueños, o sea las empresas contratistas a las que la Ciudad pagaba un canon por tonelada. Cuanto más cartones se llevasen los cartoneros menos pesos terminarían cobrando los contratistas.
El grupo Socma —cabeza de los holdings de la familia Macri y sus diversos asociados— se encargó de la recolección domiciliaria de basura durante una década en la Ciudad de Buenos Aires, a través de una de sus subsidiarias, MANLIBA (por MANtenga LImpia Buenos Aires). El contrato lo obtuvo cuando el gerente de la empresa era Carlos Grosso. A éste le tocaría, años más tarde, encargarse de llamar a licitación para abrir la competencia de ofertas, desde su cargo de Intendente de la Ciudad (en época en que el cargo de Jefe de Gobierno aún no era electivo). Pero no lo hizo. O sea, no llamó a licitación. Dejó en cambio que cobrara vigencia una cláusula gatillo, por la cual el contrato de la Ciudad con Manliba se extendió durante cinco años más.
Cuando Buenos Aires se convierte en Ciudad Autónoma llama a licitación al término de esa prórroga del convenio con Manliba. Esta empresa se presenta pero no gana. La oferta ganadora es un 50% más barata que la suya.
Han transcurrido algunos años y la Ciudad ha experimentado otras alternativas. Con Ibarra como Jefe de Gobierno se renegoció la recolección de residuos dividiendo la Ciudad en cinco áreas, cuatro de las cuales fueron entregadas en concesión, mientras la Ciudad retuvo una bajo su responsabilidad. Lo novedoso de la iniciativa fue el concepto de “área limpia” que reemplazó al pago por peso de la basura.
Así funcionó hasta ahora. Próximos a vencer los convenios, el Ejecutivo de la Ciudad envía una propuesta a la Legislatura, cuya aprobación debe obtener, ya que el plazo de concesión se extiende de cinco a diez años. La otra novedad es la vuelta al pago por tonelada y el abandono de la modalidad de área limpia.
La más llamativa de todas las novedades, sin embargo, es la que propone convertir a los cartoneros en asociados, otorgándoles el rol de recolectores formales, casa por casa, de los residuos secos. Menuda tarea les espera: deberán lograr que los vecinos de la Ciudad separen los residuos secos de los orgánicos. ¿Triunfarán los cartoneros y cartoneras donde todos los demás fracasaron? Veremos las implicancias en la próxima nota sobre este tema.
