Los desalojos constantes en La Boca son los emergentes de la presión que ejerce el mercado inmobiliario para poder comprar esos inmuebles y volcarlos a otro uso, debido a las acciones que realizó el Gobierno de la Ciudad al considerar que el sur de la Ciudad debía ser renovado. En particular, la Ley de Distrito de las Artes (que implica excepciones impositivas a las empresas que se muden a La Boca) y las acciones de difusión del turismo y la idea de extender Puerto Madero, aparecen como los emergentes promovidos por el Gobierno que impactan directamente en la vida del vecindario.
El Juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Nº1 de la Ciudad de Buenos Aires dictó una medida cautelar mediante la cual ordenó al Gobierno porteño establecer una línea de comunicación directa (telefónica y digital) para que la población pueda denunciar la existencia de desalojos inmediatos y programados en el barrio de La Boca. Además, la jueza resolvió que el Gobierno deberá llevar a cabo un registro de los desalojos que se denuncien y de su derivación y atención posterior.
La acción de amparo, entre otras cuestiones, señala la necesidad de establecer medidas para revertir la situación de emergencia ambiental y urbanística de La Boca, uno de los barrios que más sufre la presión inmobiliaria debido a las políticas desplegadas por el Gobierno para “renovar” la zona sur a través de la valorización del suelo. La población que vive en este barrio necesita acciones concretas para no terminar siendo expulsada por las propias políticas que despliega el Gobierno.
En 2006 se aprobó una ley que declara la emergencia habitacional del barrio, pero su cumplimiento es prácticamente nulo. La medida cautelar dictada es un paso adelante para garantizar a les vecines de La Boca su derecho a una vivienda digna, como así también contar con herramientas concretas frente a situaciones límites como son los desalojos.
