Acampe de miembros de la comunidad toba-qom en la avenida 9 de julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2011.
El Centro de Estudios Legales y Sociales emitió un comunicado resaltando la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de solicitar al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los miembros de la comunidad toba – qom Navogoh “La Primavera”.
La resolución lleva fecha 21 de abril. En ella la CIDH concedió las medidas cautelares que habían sido solicitadas por la comunidad, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para la Comisión, el Estado argentino debe proteger a los indígenas “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. La CIDH también exhortó al Estado a garantizar el retorno a Formosa del referente de la comunidad Félix Díaz y su familia en condiciones de seguridad.
Las medidas cautelares fueron pedidas luego del desalojo y la represión que sufrió la comunidad los días 23 y 24 de noviembre de 2010. Como resultado de ese brutal operativo dos personas murieron, hubo decenas de heridos de gravedad y se produjeron detenciones de niños, niñas, mujeres embarazadas y ancianos. Además fueron incendiadas las casas de los comuneros, quienes perdieron sus objetos personales y sus documentos.
La Comisión también solicitó al Estado argentino que informe “las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”. La causa penal que se abrió luego de la represión tramita ante la justicia provincial y hasta ahora los únicos imputados son indígenas.
Algunos representantes de la comunidad que se encuentran realizando un acampe desde el mes de diciembre en la ciudad de Buenos Aires comenzaron ayer una huelga de hambre y hoy cortaron la Avenida 9 de Julio. Exigen el cumplimiento del acuerdo firmado con el Estado Nacional el 30 de diciembre, por el cual el gobierno se comprometió a garantizar la salud y seguridad de los miembros de la comunidad.
La decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los indígenas, el Estado federal, y la provincia de Formosa para encontrar una solución al conflicto. A partir de la intervención de la Comisión todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los miembros de la comunidad y sus representantes.
