La Corte Suprema de la Nación resolvió ayer convocar a los gobiernos nacional, de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires a una audiencia que tendrá lugar el próximo 20 de febrero.
La intención del alto tribunal es obtener precisiones del organismo tripartito —creado por ley del Congreso después de que la Corte se hiciera eco de una demanda vecinal por los perniciosos efectos de la contaminación del Riachuelo— acerca de las medidas adoptadas por el ente, encargado de coordinar y dirigir las transformaciones requeridas.
La resolución del Supremo Tribunal —firmada el 20 de junio de 2006 y que hizo lugar parcialmente a una demanda de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de Avellaneda— había intimado al Gobierno nacional, al bonaerense y al de la Ciudad de Buenos Aires a presentar en 30 días un plan integrado de saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo y a 44 empresas acusadas de descargar efluentes en el río a que informen la composición de los desechos que vierten en sus aguas y presenten sus estudios de impacto ambiental.
En una primera audiencia, en julio del año pasado, las tres jurisdicciones presentaron a la Corte un plan conjunto de saneamiento cuyos avances deberán informar ahora dentro de dos semanas. También directivos de las empresas acusadas de haber provocado la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y de afectar la salud de decenas de pobladores deberán hacer sus descargos en la audiencia convocada para el día 20 de este mes. Esta será la tercera audiencia en la Corte por el Riachuelo, ya que el año pasado se escuchó a las autoridades en una y en otra a las empresas
Al aceptar la competencia del Tribunal, los ministros de la Corte habían invocado el derecho de los habitantes a un ambiente sano, que la reforma de 1994 incorporó en el artículo 41 de la Constitución nacional, con lo cual quedaron habilitados a intervenir por el rango constitucional del tema.
