El miércoles 11 de agosto La Alameda y el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) marcharon a la Jefatura de la Policía a reclamar a Néstor Valleca, titular de la fuerza, que pase a disponibilid ad a los miembros de la División de Trata y cese la persecución a la denunciante Nancy Miño a la que se la expulsó de la Fuerza y no se le paga el salario.
El 13 de mayo Nancy Miño destapó ante el juzgado federal de Ariel Lijo “el funcionamiento mafioso y coimero de la División de Trata de Personas de la Policía Federal, dirigida por el comisario Jorge Omar Fernández.” sostiene un informe de la organización social La Alameda. En tres ocasiones y durante más de 20 horas –señalan– la mujer policiía aportó su testimonio, documentación, fotos y copias de causas judiciales en las que demostró que la División de Trata de Personas de la Policía Federal funciona como una asociación ilícita dedicada a coimear y/o regentear prostíbulos; fraguar pruebas ante los juzgados; plantar pruebas con el objeto de incriminar y extorsionar; permitir funcionamiento de prostíbulos o redes de trata a cambio de dinero, etc.
“Lo que muchos sospechábamos, es decir, que el órgano supuestamente especializado en combatir la trata en la policía en realidad hacía lo contrario, Nancy Miño lo confirmó y le puso nombres y apellidos: Jorge Omar Fernández; Rodolfo Arregez; Marcelo Fabián Acosta; Luis Alberto Rojas; Claudio Gabriel López; Fabián Edgardo Palmieri; Walter Alejandro Lobera; Manuel Alejandro Dacosta; Héctor Andrés Machado; Daniel Mariano Dulic; Ojeda Mercado; Flavio Souza son algunos de los funcionarios acusados judicialmente por Miño de ser cómplices de una red que encubriría la trata y el proxenetismo y se beneficiaría económicamente mediante las coimas”.
El acoso
Siendo personal administrativo, Miño habría sido degradada y obligada a realizar tareas de inteligencia y de seguridad dentro de redes de trata e incluso coaccionada por sus superiores a ejercer transitoriamente la prostitución y hasta habría recibido el ofrecimiento de regentear prostíbulos bajo control directo de la Federal.
“Cuando advirtió que las pruebas que ella obtenía, lejos de judicializarse, eran usadas para coimear tratantes y proxenetas y cuando se negó a plantar menores en un prostíbulo de Pompeya, Nancy Miño fue pasando de dependencia en dependencia y sufriendo amenazas que la convencieron que su vida estaba en serio peligro. Allí fue cuando se animó a realizar las denuncias” afirma el escrito de la organización.
La denuncia de Nancy Miño fue cubierta por toda la prensa gráfica, radial y televisiva sin excepción. Más de una docena de diputados respaldaron su denuncia y reclamaron formalmente la interpelación al Jefe de Policía. El Cardenal Jorge Bergoglio respaldó personalmente a la denunciante. Pocos días después de sus primeros testimonios, el Juez Federal Lijo allanó las dependencias de la División de Trata de Personas de la Federal. Durante dos meses la denunciante fue custodiada por Gendarmería y luego Prefectura en la sede de la Alameda.
Sin embargo, cuando la repercusión mediática fue menguando, la causa judicial se estancó, sobrevino la feria judicial y desde la Policía comenzaron a iniciarle un sumario a Miño por “abandono de tareas” cuando era obvio que no podía retornar al trabajo mientras continuaran los mismos jefes denunciados por ella ante la Justicia.
El Juez Federal Lijo, pese a la abrumadora cantidad de pruebas presentada por Miño, mucha de las cuales fueron ventiladas ampliamente en la prensa, no dispuso ni la indagatoria, ni el procesamiento de ninguno de los funcionarios policiales acusados. El Jefe de la Policía, Néstor Valleca mantuvo la estructura de la División de Trata de Personas de la Federal intacta, como si nada hubiera ocurrido. Más aún, esa misma División participó de algunos allanamientos en la costa e incluso en “cursos sobre trata” en la Provincia de Buenos Aires.
Tampoco el Congreso avanzó en el pedido de interpelación al Jefe de la Policía, pese a la tremenda gravedad institucional que implica que el personal especializado en combatir la trata se dedique a vivir de ella.
“Avanzó –en cambio– la represalia de la Jefatura de la Policía a Nancy Miño a quien no se le pagó más su sueldo desde junio y se la dejó cesante, pese a los recursos administrativos y al amparo presentado ante el juzgado federal”.
El informe advierte que el Ministerio de Seguridad y la Procuración General de la Nación se han llamado a silencio. No han reclamado celeridad y medidas en la causa de Lijo, ni han impulsado un programa de protección y contención de testigos. Por el contrario, se corrieron a un costado dejando que Lijo mantenga paralizada la causa, mientras la Jefatura Policial despide a Nancy y le confisca su salario condenándola al hambre.
Nancy Miño cuenta tan sólo con un policía de la provincia en la puerta de su casa. No tiene custodia móvil y es obvio que corre riesgo de vida si camina por la calle. La jefatura de la Policía lo sabe y por eso resolvió cesantearla, confiscarle el salario, a sabiendas de que no puede proveerse ninguna otra forma de sustento y que por otra parte, ella no ha renunciado a la fuerza, sino simplemente reclamado que sean sancionados los funcionarios mafiosos.
Si se permite semejante impunidad y atropello, toda discusión acerca de la trata de personas en el Congreso se convertiría en palabrerío abstracto. “Lo concreto es que la mafia enquistada en la División Trata de Personas de la Federal sigue haciendo de las suyas, mientras los buenos policías que denuncian esto son condenados al hambre y al aislamiento”.
Mientras en el Congreso Nacional se debate en diputados modificaciones al código penal y a la ley de trata ante el crecimiento de este delito que ya afecta a más de medio millón de personas en la Argentina, una de las causas judiciales que explica con más detalles el funcionamiento sistémico y centralizado de la mafia, permanece congelada, mientras su denunciante, la policía Nancy Miño, sufre represalias laborales y salariales y no cuenta con asistencia, ni protección alguna por parte del Estado a excepción del policía de provincia en la puerta de su casa.
Un avance
Este medio estuvo presente en la marcha y pudo escuchar la promesa del Comisario inspector Canstatt, asegurando que se ocuparía personalmente de encontrarle otro destino a Nancy Miño dentro de la Fuerza, aunque deslizó lo que en otras circunstancias podría ser un chiste de dudoso gusto: la seguridad de Miño está garantizada “pero no si entra al baño y la aprietan” dijo.
El comisario inspector Marcelo Augusto Canstatt dialoga con el referente de La Alameda, Gustavo Vera, frente al Departamento Central de Policía la noche del miércoles 11. El funcionario se comprometió a reubicar a Nancy Miño en otra dependencia, pero no supo dar precisiones acerca de los policías denunciados y admitió no saber si están o no cumpliendo funciones, aunque dijo que se está instruyendo un sumario.
Es obvio que queda un largo camino por recorrer para desmontar la complicidad policial con esta clase de delitos aberrantes, si alguna vez se logra.
“Podemos tener la más bonita de las leyes contra la trata, pero si no se sanean los organismos que tienen que implementarla, es igual a nada” sostuvo Gustavo Vera.
