Los primeros trabajos fueron sobre la calle Tucumán, pero se vieron interrumpidos luego de que se ordenaran.
Todo comenzó a partir de la decisión del Gobierno porteño de llevar adelante el Plan Integral para la mejora de las ciclovías en los diferentes barrios, consistentes en levantar aquellas que solo generaron problemas desde su implementación, mientras que otras bicisendas serían revalorizadas.
“El Gobierno, de manera infundada, está levantando las ciclovías. Comenzó por la calle Tucumán en pleno centro porteño. Estamos a favor del mantenimiento y crecimiento de la red de ciclovías, y no a su levantamiento infundado. Es el mejor momento para hacerla crecer, ya que los mismos datos del Gobierno de la Ciudad marcan un aumento exponencial del uso de la red durante la última década”, expresan desde Masa Crítica.
Los denunciantes argumentan que la eliminación de la ciclovía afecta derechos fundamentales como el acceso a una movilidad segura, la protección ambiental y la participación ciudadana en decisiones relevantes. También señalaron que el GCBA no presentó justificaciones administrativas ni permitió instancias de consulta pública, lo que vulnera el principio de progresividad en políticas de transporte sustentable.
Según la Asociación Civil, las ciclovías son esenciales para garantizar una movilidad segura en zonas de alta circulación vehicular, además de fomentar el uso de transporte alternativo y reducir la contaminación. La remoción de la ciclovía en la calle Tucumán, entre Av. Corrientes y Av. Córdoba, sería un retroceso en la promoción de medios de transporte sustentables.
El reclamo se apoya en el Código de Tránsito y Transporte de la ciudad, que establece que decisiones como esta deben ser aprobadas por la Legislatura local y contar con instancias de participación ciudadana. Para los demandantes, el GCBA actuó de forma unilateral, sin cumplir con estos requisitos.
En términos simples, la justicia determinó que este caso debía ser tratado como un amparo colectivo, ya que los derechos en juego afectan a toda la comunidad de Buenos Aires. Esto incluye el derecho a un medioambiente sano y a la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
Además, se ordenó que el GCBA presente toda la documentación administrativa que respalde las obras de remoción y suspendiera los trabajos hasta que se resolviera el pedido de medida cautelar. Este traslado de información es clave para determinar si las obras fueron realizadas conforme a la ley.
Por su parte el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) presentó una acción de amparo para evitar que la Ciudad elimine la ciclovía de la calle Tucumán, que une los barrios de Almagro, Balvanera y San Nicolás.
¿Qué dice la resolución?
Luego del pedido de medida cautelar que realizó el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Juez Guillermo Scheibler ordenó la siguiente PRECAUTELAR: “Asimismo, a fin de garantizar el objeto de la presente acción en virtud el principio precautorio que rige en la materia (art. 4°, ley 25.675), en uso de las facultades atribuidas a los jueces por el artículo 32 in fine de la ley 25.675, corresponde ordenar a la demandada, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, como medida precautelar que por donde corresponda disponga la inmediata paralización de las obras de remoción de las ciclovías ubicadas en las calles Tucumán y Marcelo T. de Alvear de esta ciudad hasta tanto se acompañen a la causa las actuaciones administrativas solicitadas en el punto IX del presente proveído y se resuelva respecto de la medida cautelar solicitada”, señaló el ODC.
“Así también, corrió traslado al GCBA por el término de dos (2) días. Asimismo, en idéntico plazo le requirió la remisión de la totalidad de las actuaciones administrativas (estudios, informes, actos administrativos, etc.) que dieron origen a las tareas de remoción de las ciclovías ubicadas en la calle Tucumán de esta ciudad”, se agregó.
