La Justicia porteña ordenó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) devolver el servicio de provisión de agua potable a más de 300 familias que habitan en las manzanas 11, 12, 13 y 14 de la Villa 31 bis, al considerar que es “un elemento vital para la salud, la higiene y la cocina”. Inexplicablemente la medida fue apelada por el Gobierno de la Ciudad.
(INFOCIVICA, 2 de enero de 2007) — La sentencia fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Osvaldo Otheguy, en el marco de un juicio iniciado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en defensa de los derechos a la salud y de acceso al agua potable de las familias afectadas por la decisión del Instituto de la Vivienda de interrumpir la provisión de agua potable, la que es colocada en grandes tanques de reserva depositados en las esquinas de las manzanas.
A pesar de la sentencia y de la existencia previa de una medida cautelar, la decisión fue apelada por las autoridades del gobierno de la Ciudad y la Cámara de Apelaciones deberá pronunciarse luego de la feria judicial. “No hay necesidad de que los vecinos accionen judicialmente para tener este vital servicio, y que el gobierno apele es lamentable” aseguró Luis Villanueva, abogado de ACIJ.
El juez Otheguy falló para que se devuelva el vital servicio a los vecinos de las manzanas más alejadas de la Villa, que amplíe el horario de distribución diaria hasta las 22 horas, incluso los días domingos, y que asegure la presencia de camiones hidrantes las veces que sea necesario para suplir las carencias de distribución. Además consideró “el derecho al agua como un elemento fundamental” y resolvió que “el IVC deberá informar al juez cada tres meses sobre el estado del servicio que presta a las 1300 personas afectadas”.
“Nuestra presentación se basa en el derecho consagrado constitucionalmente como es el derecho al agua, y esta sentencia falló en este sentido. Con la apelación, el gobierno porteño no está reconociendo este derecho fundamental” aseveró Villanueva y agregó que “el fallo suma un aporte al considerar que el servicio de camiones que presta el Gobierno no es a voluntad, sino que los ciudadanos son los que gozan de ese derecho”.
Según los vecinos de la Villa 31 bis, el servicio se presta actualmente de manera deficiente y dista mucho de ser un servicio que cubra las necesidades básicas en la época estival
