Agencia Rodolfo Walsh
Un acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López sobre la modificación del perfil de la costa del Río de la Plata fue defenestrado integralmente por el Fiscal de Estado de la Provincia de Bs. As. en un dictamen, del 31 de mayo último. Eso implica una interdicción que paraliza el proyecto porque viola el Código Civil, ignora elementales normas de protección ambiental, invade competencias federales sobre el Río. Además, provocaría un conflicto diplomático.
La incorporación catastral de cientos de hectáreas de rellenos ilegales e insanos sobre el lecho del Río de la Plata significa un agravamiento del conflicto de las papeleras con el Uruguay y pudo dar motivo para una contrademanda en el Tribunal de La Haya.
“En Diciembre del 2004, Vicente López le regaló a Carlos De Narváez un Megaemprendimiento sobre el relleno clandestino del Río de la Plata” —dicen desde la Asociación Pro Vicente López.
Para eludir la acción penal nació la idea de correr la línea de ribera y convertirlos en “dominio privado” con la firma de dos convenios con la Provincia. Con la nueva línea, el Gobernador decretaría el catastro de los predios como privados del Estado Provincial.
El catastro de tantas hectáreas de rellenos hubiese sido un precedente nefasto. Los municipios ribereños hasta el Cabo San Antonio ejercerían el mismo derecho.
“Los convenios firmados por Enrique García y la Provincia ignoraron una orden de la Autoridad del Agua para detener los rellenos y omiten el aviso al Uruguay por el mandato del Tratado del Río de la Plata de 1973 que ordena evitar la contaminación del medio acuático” —sostiene el comunicado.
El 31 de Mayo de el 2006 el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ricardo Szelagowski, como respuesta a otra denuncia de la ONG Ambientalista Pro Vicente López, y dirigiéndose al Ministro de Infraestructura que había pedido su opinión, se manifestó en contra de esos acuerdos. Dijo que, si el origen de tales rellenos proviene del hecho del hombre, se deberá mantener la Línea de Ribera existente, sin que se pierda la condición de bien del dominio público. “El suscripto deja fijado su criterio sobre la cuestión traída, oponiéndose en forma terminante a la fijación de una nueva línea de ribera”.
Según afirman desde la Asociación ambientalista se sabe, paralelamente, que el Gobierno Nacional reivindicará su jurisdicción exclusiva en límites internacionales y en esa vía navegable, aclarando que no hay proyecto alguno, a ese nivel, para desplazar la línea de ribera hacia el límite fijado en el Tratado del Río de la Plata.
