Lorena Pokoik, legisladora de Unidad Ciudadana, criticó en duros términos la sanción de la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación de edificios en el predio del Jardín Zoológico, denominado actualmente Ecoparque: “Para nosotros donde hay una necesidad hay un derecho, para el Gobierno donde hay una necesidad hay un negocio. Ecoparque surge de esa concepción”.
“Es de mucha gravedad institucional que la Legislatura delegue al Ejecutivo facultades que son intransferibles, según la Constitución de la Ciudad, por varios motivos:
En primer lugar porque implica una delegación de poderes al Poder Ejecutivo con atribuciones que son propias del Poder Legislativo, como la entrega de concesiones por un plazo mayor a 5 años. En segundo término, porque privatiza 3.5 hectáreas del espacio público para la explotación del sector privado.
Otro aspecto central es que el proyecto no respeta el patrimonio histórico, arquitectónico, paisajístico y ambiental. Recordemos que las hectáreas que abarca el ex Jardín Zoológico son áreas de protección histórica que plantea restricciones por estar afectados como distrito urbanización parque, lo cual implica la prohibición de la actividad comercial y o publicitaria en el predio.
Mucho más grave aún es el empeño que el oficialismo puso para favorecer al sector privado, ya que dichos emprendimientos serán arancelados para el público y van a obtener una tasa de rentabilidad sin quedar claro cuál es la inversión realizada. Por lo cual la ecuación económica financiera, lejos de favorecer los intereses de los vecinos y vecinas que habitamos en esta Ciudad, implica una transferencia de fondos públicos al sector privado.
Otro dato alarmante es la muerte de 120 animales y que el proyecto no priorice su preservación, traslado y las condiciones sanitarias de los animales en cautiverio en el proceso de transformación del ex Zoológico porteño.
Es tan espurio como este proyecto está hecho a pedido del sector empresarial, que el costo de inversión ha sido expreso en dólares (58 millones), una buena forma de cubrirse las espaldas frente a la inflación que se niegan a reconocer frente a la sociedad y la Legislatura a la hora de votar el presupuesto para la ejecución de las políticas públicas. Por tanto los márgenes de “errores” de cálculo de inflación lo paga la clase trabajadora y no los empresarios”.
Un detalle preocupante en la ley es la ausencia de previsiones acerca de cuál va a ser el destino y las garantías de los más de 300 empleados, que revistan actualmente en la nómina del zoológico porteño.
