El presidente Alberto Fernández comunicó el viernes 21 a través de su cuenta oficial de Twitter la decisión de declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga y congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas de los tres servicios.
La decisión se efectivizó a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que aplica modificaciones a la Ley N° 27.078 (conocida como “Ley Argentina Digital”). Esta norma fue sancionada en 2014, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego fue modificada durante el gobierno de Mauricio Macri.
El DNU publicado por el Presidente –que deberá ser analizado y validado por el Congreso de la Nación– considera, entre otros puntos: que el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión; que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social; y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 estableció que “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables (…).
El texto del decreto destaca los ejemplos de México y Francia, en donde en el primero se consagró el derecho de acceso a Internet, mientras que en el país europeo fue considerado un derecho fundamental. Por su parte, también critica el DNU 267/2015, emitido por Macri, que estableció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y modificó la “Ley Argentina Digital”. Así, el reciente DNU considera que esa decisión “derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional”.
Las Telco contra el Decreto 690
Entrevistada por Barricada TV, la secretaria de Innovación Pública de la Nación, Micaela Sánchez Malcolm, en referencia a la solicitada firmada por las principales empresas de telecomunicaciones contra el decreto 690 que declara “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, Internet y a la televisión paga, subrayó que “el ecosistema tiene más de 1500 actores, con grandes empresas de telecomunicaciones que concentran volúmenes de servicio y facturación, de inversión y de tendido, pero también con más de 1200 pymes y cooperativas en todo el país que llevan telefonía, Internet y TV paga a los hogares, y que hoy por hoy no pueden llevar telefonía móvil por un tema de estructura sobre el que tenemos que trabajar, y también poner sobre la mesa“.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a cargo de Claudio Ambrosini, comenzó a trabajar de cara a la reglamentación del decreto, con la realización de mesas de diálogo con representación del Ejecutivo, del propio Enacom y de los diferentes actores del ecosistema de las telecomunicaciones.
De acuerdo con la funcionaria, el decreto “atiende demandas de la ciudadanía que vienen de hace rato, como por ejemplo la implementación de un servicio básico obligatorio por parte de todos los prestadores. Son demandas que están en la calle, que están siendo fuertemente recibidas y aceptadas por la ciudadanía”. En este sentido y lejos de una visión “porteño céntrica”, Malcolm destacó que “hay representantes de la oposición más vinculados con los recorridos provinciales que toman esta medida como una oportunidad de crecimiento para sus poblaciones”. Después de eso, concluyó, “cada actor político tiene que responder en función de sus dichos,; mucho de lo que se dice es mera especulación”.
