La Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina advirtió que la libertad de expresión “es un bien social que está protegido y garantizado por las más altas normas jurídicas nacional e internacionales” y que la intención de limitarla es “ilegal”.
La Audiencia, organizada en la Cámara de Diputados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) contó con la participación de legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y Libres del Sur, así como organizaciones gremiales, organismos de derechos humanos y expertos en libertad de expresión.
Durante su exposición, a cargo de la secretaria de prensa Claudia Acuña junto a la abogada asesora —experta en derecho y violencia institucional— Verónica Heredia, AReCIA dejó en claro que, a la fecha, el Protocolo de Seguridad no existe. “El protocolo aún no fue publicado en el Boletín Oficial así que no existe más que en medios corporativos de comunicación”, remarcó Acuña, quien advirtió que su anuncio “es solo una declaración de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien seguramente alegará su derecho a expresarse libremente para justificar lo injustificable: el mentado ‘Protocolo’ no tiene entidad jurídica real pero ya tiene dos procesados. Es decir se aplicó de facto”.
Ante las diputadas del FIT Myriam Bregman y Soledad Sosa, y de Libres del Sur Federico Masso, AReCIA también remarcó que “todos los gobiernos desde 2001 intentaron limitar las voces disidentes que se expresan en el espacio público” y recordó que en 2003 realizó una presentación ante el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, quien coincidió con el encuadre de la asociación: “La criminalización de la protesta social, la concentración de medios y la censura forman parte de una misma máquina que el Estado activa cuando pretende destrozar derechos”, aseguró el colectivo de revistas culturales.
Rereferentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), del Círculo Sindical de Prensa y la Comunicación (Cispren), la Asociación de reporteros Gráficos (Argra), la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados Laboralistas, la Coordinadora contra la represión Policial e Institucional (Correpi) y la Asociación de Profesionales en Lucha también participaron de la audiencia.
Para la asociación, el protocolo repudiado, al que calificó de “fantasma”, “está siendo usado con dos objetivos concretos: desalentar la participación en movilizaciones y garantizar la impunidad de la represión”. Por último, advirtió que el hecho de que “políticas de Estado se padezcan en los cuerpos de los manifestantes cuando no tienen más entidad que los dichos en un talk show no solo es poco serio. Es ilegal y los funcionarios deben responder por ello”.
Por ello, exigió la sanción de una norma que “de manera directa penalice a los funcionarios responsables de impartir órdenes que deriven en muerte y violaciones a derechos humanos durante manifestaciones, es decir mientras las y los ciudadanos ejercen el derecho constitucional a expresarse libremente en el espacio público”. También reclamó a Bullrich y a los gobernadores de las provincias que se abstengan de promover la ilegalidad del uso de la fuerza pública y que se derogue la Ley 26.734 “mal llamada antiterrorista que claramente atenta contra los derechos constitucionales”.
