UN RECLAMO DEL FRENTE CULTURAL RAYMUNDO GLEYZER
Con la crisis del 2001 muchas cosas cambiaron en la forma de participación del pueblo, creció el descreimiento sobre los Partidos Políticos, su representatividad, la manera de llegar a la gente y con ello nacieron numerosas organizaciones sociales y culturales que cambiaron el concepto de participación política hacia una forma mas directa.
Los Centros Culturales y Sociales son, desde hace años, espacios de construcción política y genuina participación barrial. En ellos, lugares de diversas características y múltiples formas, se brindan talleres artísticos, se crean medios de comunicación barriales, se desarrollan espacios de educación popular, nacen micro emprendimientos, se les brinda espacios a distintos colectivos artísticos para mostrar su arte, todo con la finalidad de generar una participación activa de los vecinos.
Estos espacios, totalmente autofinanciados por el desarrollo de su propia actividad y compromiso militante de quienes los integran, han visto truncada su posibilidad de desarrollo por la política de los distintos gobiernos porteños. Con la llegada de Macri, todo este avasallamiento se agudizo y profundizó. Las clausuras son moneda corriente, las multas son impagables, y la persecución constante.
El problema no es legal, ni económico, es bien concreto, es político. Todas las leyes existentes (Ley de teatros independientes, clubes de música en vivo, etc.) son para espacios con fines lucrativos, y los centros culturales y sociales no pueden ser regulados de la misma manera. Tiene que existir una normativa que nos contenga, sin dejar de atender la seguridad, salubridad y demás cuestiones que eviten cualquier tipo de accidente, pero que tenga como premisa que viene a regular a espacios no lucrativos que trabajan lo social, lo cultural con y para el barrio. Esta ley también tiene que contemplar el financiamiento estatal, vía subsidios, tanto para la actividad como para equipamiento e infraestructura.
De lo que se está hablando es de darle un marco legal a un tipo de espacios que ya existen, que se han ganado su legitimidad a base de trabajo, hay que dejar de escudarse en la dificultad de brindar un marco normativo a estos espacios.
En este sentido, cerca de finalizar el 2010, hay una tarea que no se puede demorar más: una Ley de Centros Culturales y Sociales.