Por Antonio Elio Brailovsky
Uno de los temas prioritarios para las organizaciones defensoras de los derechos humanos en todo el mundo es la lucha contra la explotación del trabajo infantil. En amplias zonas del Tercer Mundo, niños, niñas y adolescentes son obligados a trabajar en condiciones infamantes y peligrosas. Muchos de ellos realizan tareas insalubres y en condiciones de alto riesgo ambiental y en situaciones semejantes a la esclavitud.
Para evitar que esto mismo ocurriera en Buenos Aires, participé hace un año y medio en varias reuniones con los entonces Diputados de la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura estaba por aprobar una Ley sobre cartoneros e insistí a los Diputados que dicha Ley tenía que establecer alguna forma de protección a los menores para impedir que salieran a revolver basura por las calles.
Mi propuesta era poner como condición para las personas que quisieran trabajar como cartoneros que al iniciar su recorrido entregaran en guarda los menores en una escuela dependiente de la Ciudad. Y que en esa escuela se les diera la cena para evitar que comieran de la basura recogida y se les brindara alguna asistencia social que compensara la pérdida de ingresos que eso significaba para su familia. La propuesta no fue aceptada, con lo cual la llamada “Ley de Cartoneros” -que lleva el número 992- perdió la posibilidad de tener un contenido social.
La situación, sin embargo, empeoró recientemente, ya que hay denuncias fundadas de que existen funcionarios que entregan credenciales de cartoneros a menores de edad. Según registros oficiales, habría unos 1.700 menores con esas credenciales. Esto significa que han sido habilitados por alguna autoridad para realizar un trabajo nocturno, insalubre y peligroso. Que son las condiciones en las que nuestra normativa prohíbe el trabajo de menores.
Una cosa es reconocer la existencia de situaciones sociales extremas y otra muy distinta es desconocer desde el Estado las leyes sociales que protegen a los menores. Si se argumenta que en ninguna parte las leyes prohiben el trabajo de menores revolviendo basura, eso es porque los legisladores nunca imaginaron que pudiera considerarse como trabajo a esa actividad. La función del Estado es atender a esos menores en situación de desprotección, no convalidar la explotación que sufren.
Se trata de niños, niñas y adolescentes que no van a la escuela y que están siendo explotados por empresas inescrupulosas, aliadas a pistoleros que son los que ordenan el trabajo en nuestras calles por las noches. Sería bueno terminar con la ingenuidad de considerar a los cartoneros como cuentapropistas. Una simple mirada a las calles nocturnas revela empresas poderosas capaces de movilizar centenares de camiones para transportar a miles de trabajadores duramente explotados, proveerlos de carritos (construidos según modelos estandarizados), diseñar recorridos de trabajadores y de vehículos, asignarlos a miles de operarios y hacerlos cumplir mediante el ejercicio de la fuerza, evitar los conflictos entre cartoneros y la comisión de delitos, financiar diariamente una actividad en gran escala y proveer de estas materias primas a una industria en expansión.
El hecho de que estas empresas no tengan un nombre grabado en los camiones, no contraten a sus trabajadores con papeles, violen todas las normas laborales imaginables, no hagan publicidad y no sepamos los nombres de sus dueños, no las hace menos empresas que las demás. Sólo que se trata de empresas que obtienen su alta rentabilidad a partir de la explotación de la mano de obra en condiciones denigrantes. Negocio que se hace posible debido a la negligencia y la eventual complicidad de algunos funcionarios.
Esta situación se hace intolerable, también, por la explotación masiva de mano de obra infantil en trabajos insalubres y peligrosos. Además, la experiencia de otros países de América Latina indica que una proporción alta de cartoneritas terminan atrapadas por las redes de la prostitución infantil. ¿A esto llaman los folletos oficiales una actividad digna? .
