“No conozco a Ciro James, no tengo nada que ver con él, nunca recibí una llamada suya” dijo Macri ante una docena de micrófonos dóciles. Ningún periodista pregunta. Nadie quiere saber quién lo ha acusado de complicidad con Ciro James. El espía era parte de una asociación ilícita en la que participaban dos jueces misioneros, policías de Posadas, el ex comisario Jorge “el Fino” Palacios y un elenco menor en una trama cuya extensión no ha sido aun revelada. De los protagonistas, dos ya están detenidos sin posibilidad de libertad condicional –Palacios y James– otro, el juez Gallardo de Misiones, vendrá a Buenos Aires con custodia policial, donde puede ser detenido y un cuarto, el Juez Rey, está prófugo. Varios policías misioneros y funcionarios de los juzgados de ambos también están procesados.
Ahora bien, Macri pretende correrse de encajar en algún casillero del rompecabezas que arma el juez Federal Norberto Oyarbide. Afirma no conocer ni tener absolutamente nada que ver con el “espía” Ciro James. A éste, el mote de “espía” le queda grande, aunque haya jugado un papel esencial en el fraude que se investiga. En rigor, su rol en la trama de espionaje, habría sido la de un mensajero, un corre-ve-y-dile, que obtiene los casetes grabados por la SIDE en escuchas con manto legal –provisto por los jueces misioneros– y luego llama a los celulares de sus mandantes para informarles que ya los tiene.
Es cierto, Mauricio Macri no estaría entre ellos: no se habrían registrado llamadas de James a Macri o de éste al “espía”. Ahora bien, ¿por qué habría de haberlas? El Jefe de Gobierno intenta ocultar la pirámide jerárquica, la línea de mando que regula contactos e intercambios en cualquier estructura piramidal sean las de Socma, Boca Juniors o un organismo de gobierno como el que ahora preside, diciendo que nunca habló con James.
En cambio James hablaba (profusamente) con Palacios, su jefe, quien a su vez reportaba orgánicamente, mientras fue funcionario, al Ministro de Seguridad, el ex juez Montenegro. Queda por determinarse en sede judicial si la relación del “policía más condecorado” (DEA, Gobierno de Israel, entre otros) a quien Macri defendió a capa y espada hasta el destape del escándalo, iban más allá del armado de la Policía Metropolitana e incluían reportes hablados, escritos o copias de las escuchas obtenidas por James, ya sea a Montenegro o al mismo Macri.
Como se recordará el destape provino de un llamado anónimo a uno de los teléfonos de Sergio Burstein, de Memoria Activa, el agrupamiento de deudos de víctimas de la explosión en la mutual judía. Burstein se entera así de que es sospechoso en una causa criminal que se sustanciaba en los juzgados de Misiones de Rey y Gallardo. La acusación era, desde luego falsa, pero permitía a estos jueces federales pedir la asistencia de la SIDE para disponer las escuchas.
A partir de allí el juez Oyarbide comienza a develar una pasmosa trama de espionaje que no ha parado de extenderse. El primer dato obtenido por el juez conducía directamente a Palacios. El ex comisario exonerado de la Federal en 2004, estaba en la mira de otro juzgado, el del Juez Ariel Lijo por presunta destrucción de pruebas en la causa AMIA y resulta plausible su interés en grabar las conversaciones telefónicas del dirigente de Memoria Activa, quien lo había criticado duramente por su rol en la investigación del atentado.
Aunque Macri sabía que Palacios podía ser procesado por Lijo, no claudicó en la cerrada defensa del por entonces jefe de la Policía Metropolitana.
“En un durísimo fallo de 324 páginas, el juez federal Ariel Lijo, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, procesó y embargó al ex presidente Carlos Menem, su hermano Munir Menem, al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, al ex titular de la policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, al ex juez Juan José Galeano, al ex comisario Carlos Castañeda y al agente de inteligencia Juan Carlos Anchézar por obstruir la investigación del atentado a la AMIA. Estos siete personajes -que alguna vez estuvieron en la cúspide del poder- están acusados de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, destrucción de pruebas y falsedad ideológica reiterada”. (Walter Goobar – Causa Amia)
La mala suerte del ingeniero
Si la escucha a Burstein hubiera sido la única, la cuestión no habría tenido el giro rocambolesco que finalmente tiene. Fueron surgiendo otras: a Carlos Dávila —el ex titular de Torneos y Competencias—, a dos gerentes de la empresa Supermercados Coto, al abogado porteño Mariano Castex y —la más explosiva de todas— a un cuñado del jefe de Gobierno, el parapsicólogo Néstor Daniel Leonardo.
Más tarde aparecerían otros datos sugestivos: Ciro James activó varias veces su teléfono en el radio de acción de torres de telefonía móvil dentro de la zona donde está la residencia de Mauricio Macri, en Barrio Parque, poco después de haber levantado escuchas a Leonardo. Y otro más: Macri le redacta un mail a Leonardo para que sea enviado por éste desde su casilla, en el que lo desliga al Jefe de Gobierno de las escuchas de las que él (Leonardo) fuera víctima. El asunto cobro estado público y Macri salió a decir que su cuñado quería exculparlo y le había pedido que le redactara la nota, pues no sabía como escribirla.
Y la frutilla del postre, si se llega a confirmar la versión que lo pone a Macri muy cerca de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al espionaje político-comercial-familiar:
“… habría escuchas a su ex mujer Isabel Menditeguy entre la separación —a mediados del 2005— hasta que se efectivizó el divorcio en junio del 2008. Se trataría de un espionaje donde su interés personal sería excluyente —juicio de divorcio de por medio— no pudiendo escudarse en otras cuestiones”. (Macri admite que puede ser procesado).
