El boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires publica —con fecha 29 de enero de 2010— el veto del Jefe de Gobierno al proyecto de ley N° 3.329, sancionado por la Legislatura el 3 de diciembre último. El mismo disponía la creación de un Fondo para la localización y restitución de niños/as secuestrados/as y/o nacidos/as en cautiverio en Argentina.
En los considerandos del Decreto firmado por Macri y la Ministra de Desarrollo social María Eugenia Vidal y refrendado por el Ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta, se justifica el veto mediante Decreto N° 85/10, fundado en el siguiente análisis:
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Que el artículo 2° del proyecto de Ley en análisis establece que el Fondo está destinado a solventar los gastos que demande la localización y restitución, como así también las actividades que se efectúen en defensa del derecho a la identidad y de los derechos del niño que lleva a cabo la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo y su Centro de Atención Psicológica por el Derecho a la Identidad;
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Que el artículo 3° dispone que la referida Asociación Civil administra el Fondo en cuestión, debiendo presentar en forma anual una Memoria y Balance ante la Auditoría General de la Ciudad;
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Que por el artículo 4° del proyecto de Ley bajo examen se destina al Fondo la suma de pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000) anuales durante cinco (5) años, renovables por cinco (5) años más, imputándose —conforme lo establecido por el artículo 5°— al crédito anual aprobado por la Ley de Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignado al Poder Ejecutivo de la Ciudad;
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Que esta gestión de gobierno —en un todo de acuerdo con las mismas— apoya y garantiza el ejercicio de las actividades de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo: la búsqueda de niños y niñas secuestrados o nacidos en cautiverio con el fin de lograr la restitución de su verdadera identidad.
Sin embargo y “sin perjuicio de concordar con los objetivos y fines expuestos, no resulta procedente que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponga de su patrimonio en la constitución de un Fondo para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto de Ley en revisión en toda la República Argentina, excediendo su ámbito de jurisdicción” concluye el veto del Poder Ejecutivo.
También hace referencia al plazo de cinco años contemplado por el proyecto de ley para renovar la asignación presupuestaria anualmente, encontrado “razones político-administrativas” para el rechazo, “que aconsejan no comprometer el presupuesto de futuras gestiones frente a necesidades y acontecimientos de urgencia que pudieran suscitarse”. Invoca asimismo “la responsabilidad que requiere el manejo de fondos públicos” y que la Ley N° 3.395 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2010, no ha previsto partida presupuestaria para la implementación del proyecto de Ley bajo análisis.
