El “Plan de Comunicación” de la Junta para el conflicto de Malvinas también incluía el adoctrinamiento de periodistas, editores y responsables de medios para que se sumaran a la “cohesión nacional” o se atuvieran a las consecuencias que podían ir de la amonestación a la clausura.
En el plan pergeñado por el contralmirante Salvio Olegario Menéndez -involucrado luego por la justicia en delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA-, tenía un apartado dedicado a los medios privados y varias recomendaciones para que los hombres de las fuerzas armadas hicieran cumplir.
“Toda información alarmista procedente del exterior, especialmente de Europa, apunta a fisurar la cohesión nacional, a fin de facilitar el logro de los objetivos del oponente”, definía Menéndez desde su escritorio.
Ante una información “alarmista” -disponía Menéndez- el medio podía difundirla pero solo “en un contexto de información propia que le quite consistencia o la neutralice”.
“Todos los mecanismos de seguridad del país se hallan en funcionamiento y es necesario por lo tanto que los medios de comunicación social privados ejerzan una responsabilidad informativa que tiene carácter de patriótica, por cuanto apunta a la tranquilidad pública”, prescribían los militares.
