En cumplimiento de la orden del Supremo Tribunal de Justicia que obligaba a Nación Ciudad y Provincia de Buenos Aires a presentar un programa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ayer ingresó al Palacio de Tribunales el informe de 120 páginas que suscriben en conjunto las tres juridiscciones.
La Corte Suprema, en una resolución firmada el 20 de julio ppdo. había intimado al Gobierno nacional, al bonaerense y al de la Ciudad de Buenos Aires a presentar en 30 días un plan integrado de saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo y a 44 empresas acusadas de descargar efluentes en el río que informen la composición de los desechos que vierten en sus aguas y presenten sus estudios de impacto ambiental. Además, fijó para el 5 de septiembre una audiencia en la que las compañías y los tres Estados involucrados deberán dar a conocer su posición sobre el pleito.
Entre las 44 empresas denunciadas figuran las petroleras Repsol-YPF, Eg3, Shell y Petrobras, la Central Dock Sud, las alimenticias Danone y Molinos, Indupa, Mercedes Benz, Bieckert, Aguas Argentinas y varias curtiembres. El fallo obliga a las 44 empresas involucradas a informar sobre los líquidos que arrojan al río, su volumen, cantidad y descripción; cuáles son sus sistemas de tratamiento de los residuos (si es que los tienen), si cuentan con un seguro de cobertura para quienes realicen actividades riesgosas para el ambiente y el ecosistema. Les requieren sus estudios de impacto ambiental y que los hagan “en forma inmediata” en caso de no tenerlos. Sin embargo, según trascendió hasta ahora sólo cuatro habrían cumplimentado la exigencia del Supremo Tribunal.
La presentación conjunta de los tres gobiernos fue suscripta por Solá, Telerman y Picolotti, la ministra de Medio Ambiente cuya actuación como abogada ambientalista de la Asamblea de Gualeguychú la propulsó al cargo.
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, se mostró complacido con la presentación. El plan —afirmó — “contiene prácticamente todas las recomendaciones” efectuadas por el organismo en los últimos años a distintas autoridades.
La Corte acaba de hacer lugar al pedido del Defensor del Pueblo de intervenir como parte en el juicio por contaminación. El artículo 86 de la Constitución Nacional, prevé entre sus atribuciones la de “accionar en representación de la persona, grupo o sector cuyos derechos se vieran conculcados y en protección de los derechos de incidencia colectiva en general”.
Otra pretensión de Mondino de ampliar la demanda a los catorce municipios bonaerenses que integran la cuenca Matanza- Riachuelo fue rechazada por entender la Corte que su aceptación podría tornar “anárquica” la actuación.
Entre las prioridades fijadas por los tres gobiernos en el informe elevado al Tribunal figura la atención sanitaria a los afectados por la contaminación en la zona de conformada por Dock Sud, Barracas y La Boca, de la ciudad de Buenos Aires.
El plan de limpieza presentado a la Corte incluye varios programas, que el matutino Página 12 sintetizó en su edición de hoy de esta manera:
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El de “control y fiscalización de las de actividades industriales, efluentes, márgenes, calidad del agua, aire y suelo y otras actividades” requerirá, para ser aplicado, que se apruebe la ley que promoverá el Ejecutivo. De allí surgirán las reglas del juego y los riesgos para quienes las violen.
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El “programa de reconversión y ordenamiento industrial” prevé, por un lado, la relocalización de las fábricas más contaminantes. Se refiere, especialmente, al llamado Polo Petroquímico y a las curtiembres. La idea es que es imprescindible frenar la contaminación que producen determinadas empresas. Por otra parte, se establece una política de incentivos a las compañías para que reconviertan sus métodos productivos y utilicen “tecnología limpia” a través, por ejemplo, de créditos blandos.
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El “programa de saneamiento” incluye la construcción de dos colectoras cloacales en ambas márgenes del Riachuelo, una en territorio porteño y la otra en los municipios ribereños del Gran Buenos Aires. Estarán conectadas a una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que procesarán los residuos antes de ser volcados a las aguas. Son obras que debió hacer Aguas Argentinas y que ahora deberá realizar AySA. “En la ciudad de Buenos Aires, pensamos que la planta de tratamiento debe estar a la altura del arroyo Cildañez, adonde desembocan las conexiones cloacales clandestinas de los asentamientos del sur de la ciudad”, explicó Marcelo Vensentini. El Cildañez desemboca en el Riachuelo a la altura de Villa Soldati.
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También se establece un “ordenamiento ambiental del territorio”, lo que implica el traslado de algunos barrios afectados, como la Villa Inflamable, a otros terrenos donde estén a salvo de la polución. Vensentini agrega: “Uno de los compromisos de la ciudad en materia de saneamiento es la apertura de la Avenida 27 de Febrero, que hoy va desde Puente La Noria hasta Pompeya. Para eso tenemos que relocalizar viviendas y urbanizar los barrios”
