A pesar de la apelación del gobierno, la justicia ratificó la inconstitucionalidad de la Ley Espía según la cual las empresas de telecomunicaciones estaban obligadas a grabar por diez años toda la información que circulara por sus redes.
Por Luis Pablo Giniger – Red Eco
“Sistema inquisitivo”. Así calificó la Cámara en lo Contencioso Administrativo a la Ley 25.873, más conocida como “Ley Espía”, en el fallo en el que declara la inconstitucionalidad de la norma sancionada por el Congreso a fines del 2003.
Esta Ley obligaba a las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones a almacenar por diez años cualquier tipo de mensaje que circulara por territorio argentino ya sean comunicaciones telefónicas, correo electrónico, fax y también el registro de los sitios de internet que son frecuentados.
Es decir, según el Estado, la mejor forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos era escuchar, leer y grabar todo. Saber cuáles son las preferencias políticas, religiosas, sexuales y de consumo de los argentinos y poner esta información en manos de los organismos de seguridad. De ese modo podrían prevenir cualquier tipo de delito.
¿La idea no convence? Sin embargo, la medida estaba en línea con la Ley Patriótica, sancionada en Estados Unidos poco tiempo después del ataque a las Torres Gemelas en 2001 y que permite, tanto al FBI como a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), espiar a cualquier norteamericano sin necesidad de orden judicial.
En la Argentina pos dictadura, esta decisión implicaba un retroceso muy fuerte en materia de intimidad porque, aunque a muchos les sorprenda, en este país grabar cualquier tipo de comunicación privada sin orden judicial es ilegal. Esto es precisamente lo que opinaron los camaristas Inés Garzón de Conte Grand, Marta Herrera y Jorge Damarco que se mantuvieron firmes en la argumentación sobre la importancia de defender la privacidad de los ciudadanos, incluso frente a una supuesta amenaza superior.
La Ley 25.873 fue sancionada en diciembre del 2003 en una de esas maratónicas sesiones parlamentarias de fin de año en las que se tratan sin mayor discusión los proyectos que no fueron discutidos durante el año. Así es como logran filtrarse algunas leyes, de manera más o menos desapercibida.
La “Ley Espía” tomó estado público en abril de 2005 e inmediatamente se desató la polémica y con ella los debates sobre el derecho a la privacidad y sus límites. Ante la fuerte presión de la opinión pública el presidente Néstor Kirchner, a pesar de tener la facultad para derogarlo, suspendió el decreto 1563/04 que la reglamentaba. Pero la ley seguía vigente.
Fue recién en junio de ese año que la justicia respondió las presentaciones hechas por Cabase, la Cámara que agrupa a los prestadores de internet, y un particular, Ernesto Halabi, dictando la inconstitucionalidad de la norma. El Estado apeló e insistió con la necesidad de que la Ley entre en vigencia y mantuvo su posición hasta que, hace unas semanas, los camaristas ratificaron la inconstitucionalidad de la ley.
En diálogo con Acción el abogado de Cabase, Ariel Caplan, reveló: “Hasta último momento los apoderados del gobierno insistieron con que la ley era constitucional. Incluso llegaron a preguntar que tenía de inconstitucional conocer los hábitos de lectura de los argentinos”
Cabase jugó un rol central para frenar esta ley. Sucede que en el texto se exigía a las empresas de Internet que adquirieran la tecnología necesaria y suficiente para almacenar un volumen de información tan importante como el que producen diez años de grabaciones generalizadas de la población. Esta información debía estar disponible para el momento en que la Justicia, o la SIDE, la requiriera. Uno de los problemas más grandes a los que se enfrentaban los prestadores de Internet era que cumplir con esta ley les implicaba una inversión de 50 mil dólares por año, suma que para muchas de estas empresas era imposible.
En el fallo se expresa textualmente:
“Aquí se pretende que el objetivo de la Ley 25.873 y su decreto reglamentario es combatir el flagelo de la delincuencia, pero lo cierto es que ello no puede ser efectuado a costa de convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un sistema inquisitivo en el que todas sus telecomunicaciones pueden ser captadas para su eventual observación remota”
Con este fallo la privacidad de los argentinos parece estar garantizada. ¿Será cierto? Así parece por lo menos por un tiempo ya que al Estado todavía le queda un último recurso: apelar a la Corte Suprema.
“Ahora la pelota está en el campo del Estado y puede decidir si recurre o no este fallo –agrega Caplan– El Ejecutivo tiene la oportunidad de demostrar su coherencia: así como el presidente en su momento criticó duramente los términos de la ley y el decreto y ordenó su suspensión, ahora tiene la oportunidad de demostrar que efectivamente no la defiende. De todas maneras si uno estudia la posición de los actuales ministros de la Corte, expresada en sus propias publicaciones, es difícil suponer que, apelación mediante, vayan a ratificar una ley de estas características”.
Efectivamente los primeros indicios sugieren que el camino a seguir por el kirchnerismo no sería el de la apelación, al parecer se inclinarían por una nueva ley. También “espía”, pero un poco más “suave”.
En el norte también se consigue
Como siempre ocurre en estos casos, la Argentina no es quien posee el copyright de la “Ley Espía”. La medida forma parte de una serie de normas internacionales que postulan que la vigilancia social es la única forma de prevención frente a actos como el terrorismo o el crecimiento de la delincuencia, incluso a costa de la reducción de los derechos civiles y las libertades individuales.
Uno de los ejemplos más claros en este sentido es la llamada Ley Patriótica, sancionada en los Estados Unidos a solo 45 días del atentado a las Torres Gemelas. Esta ley habilita al FBI y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) a grabar conversaciones telefónicas, correos electrónicos y servidores de Internet sin necesidad de intervención judicial.
Precisamente en estos días el presidente George W. Bush se encuentra en plena campaña para la renovación y actualización de la Ley Patriótica, que expira a fin de año, pilar fundamental de su cruzada contra el terrorismo. Sin embargo, renovar esta ley se le ha hecho cuesta arriba. Pasaron ya cuatro años desde que la norma entró en vigencia y, lejos de cosechar apoyos por el buen resultado, cada vez más sectores expresan su oposición. Más de 700 escritores y artistas -entre ellos Salman Rushdie y Michael Moore- llevan adelante una campaña de firmas contra la Ley Patriótica. Del mismo modo, un grupo de senadores demócratas y republicanos desafiaron al presidente Bush al exigir la protección de las libertades civiles en lugar del incremento de los controles. En la votación que tuvo lugar en el Senado los republicanos no pudieron alcanzar los 60 sufragios necesarios para pasar a la sanción de la ley.
Se trata de un duro revés para el presidente Bush y para la política de vigilancia interna que su administración impulsa.
En el viejo continente, en cambio, los vientos soplan en otro sentido. El Parlamento Europeo autorizó a sus países a almacenar información digital y telefónica de sus ciudadanos por un plazo de entre seis meses y dos años. Muy similar a la Ley Espía Argentina, la medida apunta a que las compañías telefónicas y proveedores de Internet graben todos los correos, llamadas telefónicas y otras comunicaciones electrónicas.
Si bien para que estas leyes entren en vigencia es imprescindible la aprobación de los gobiernos de los 25 países que integran la Unión Europea, se trata de una peligrosa tendencia mundial. Cualquiera es un enemigo hasta que se pruebe lo contrario.
