Buenos Aires, 26 de mayo (ANC-UTPBA).- La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) fijó su posición respecto a la decisión del gobierno de prolongar las licencias de radio y televisión a los grupos monopólicos mediáticos en un comunicado que la ANC reproduce íntegramente:
Más allá de la reacción que provocó la decisión del gobierno de extender las licencias radiotelevisivas, habrá que tomar nota de los días que corren, llenos de señales claras hacia el futuro, ese que cuando llega nadie se hace cargo y del que todos –se dirá- somos responsables. Sobre todo porque lo que asoma ya en el presente es más, mucho más, de lo mismo.
Convendría, sí, tomar nota de la fecha: 20 de mayo de 2005. Agregar a su lado Decreto 527/05. Imaginar la foto que ningún medio publicó -¿alguien la habrá tomado?- de la plana mayor de los grupos comunicacionales con origen y/o presencia en el país en el Salón de conferencias de la Casa Rosada. Observar la mesa que formuló el anuncio del gobierno, que encabezó el presidente Néstor Kirchner. Y después sacudirse la inocencia intelectual –ganada por el voluntarismo y la ilusión- que pretende discusiones con quienes no la quieren, relegando, como siempre, la poco reluciente tarea de construir una fuerza real que se disponga a crear la condición que se necesita para enfrentar a esos que no debaten, que imponen, que arrasan, que destruyen todo aquello que pretenda oponerse a sus intereses. Construir una fuerza real sin apelar a falsos padrinos, que en determinados tramos de un camino indefectiblemente complejo –como lo es la disputa en el terreno de la comunicación- se suman impregnados de un oportunismo miserable, que nunca dejó de revelar su intencionalidad política. Salvo para aquellos que viven en una crónica y peligrosísima ingenuidad.
Ese viernes 20 de mayo, el mismo día que Kirchner concedía las entrevistas a Clarín y Página 12 que saldrían publicadas el domingo 22, el Presidente informó sobre la firma del decreto 527/05, a través del cual se prorroga 10 años más la concesión de las licencias de televisión abierta, radio y TV por cable. Esto significa que a los 15 años otorgados en su momento por ley y la prorroga automática por 10 años, se suman ahora 10 años más.
Por lo tanto, Canal 9 seguirá en manos de Hadad y Moneta hasta el 2019; América –la emisora de Manzano, Avila y Vila- preservará su licencia hasta el 2022; Telefónica y el Grupo Clarín seguirán controlando Telefé y Canal 13 hasta el 2025; El grupo mexicano CIE –que posee 5 radios, entre ellas Rock & Pop- conservará su licencias hasta el 2018, lo mismo que radio Mitre y Continental –de Clarín y ¿Telefónica, Prisa?-; Radio 10, de Daniel Hadad, hasta el 2025; respecto de los operadores de cable –Cablevisión y Multicanal- se extiende la concesión hasta el 2016. Es decir: hablamos de grupos concentrados locales, en asociación con grupos extranjeros y de multinacionales de la comunicación.
Les dijo el Presidente a estos grupos, ese viernes 20 de mayo:
“Más allá de los análisis coyunturales, de las pasiones cotidianas, de la lucha que queremos todos por una Argentina diferente y distinta, somos absolutamente conscientes que el huracán que arrasó la Argentina también golpeó fuertemente a los dueños de los medios nacionales argentinos y que en muchos casos quedaron en una situación de desprotección muy fuerte. Posteriormente, sufrieron los efectos de la caída de la Argentina. Como bien expresaba el Jefe de Gabinete, sufrieron la pérdida de mercados, de recursos, que realmente los llevaron a una situación angustiosa allá por el año 2002…después de muchísimo tiempo quedan absolutamente alejadas las dudas de que pueda haber algún grado de condicionalidad para poder tener los tiempos necesarios para poder terminar de recuperar ese medio que por allí tanto esfuerzo le costó ponerlo en marcha y la situación de esta Argentina los llevó a un punto límite…”
Si como sostuvo en una entrevista el canciller Rafael Bielsa “tenemos una Argentina sobrepensada y subejecutada”, el gobierno acaba de ejecutar un tipo de pensamiento que lo aleja de la posibilidad de ser doblemente interpretado: los grupos comunicacionales concentrados, monopólicos u oligopólicos fueron víctimas de la Argentina de los 90. Ni autores, ni cómplices, ni beneficiarios, ni motores del reino de la desigualdad, la exclusión, la pobreza, el desempleo. Víctimas. Víctimas que hicieron “tanto esfuerzo” y que fueron llevados a “un punto límite”. No nos llevaron, fuimos todos llevados, nosotros junto con ellos.
A partir de ese pensamiento deviene una política que decide premiar a las “víctimas”: prorrogar las licencias, cero de requisitos mediante, es bendecir la impunidad de que pocos, muy pocos, poquísimos –poderosos, testaferros de poderosos y hasta simples dealers de la galaxia mediática, delegación de sus patrones mediante- impongan la agenda política, económica, cultural, social, internacional, deportiva, en fín: de lo que debe importarnos a todos, a más de 35 millones de personas. Decir que eso lo hacen en función del interés de la más escandalosa minoría sería como recurrir al más elemental sentido común.
A partir de –no sólo en lo atinente a esta cuestión específica- esa brutal explicitación de un pensamiento, pasan al cuarto frases y discursos encendidos que sirvieron para ocultarlo, mientras se disimulaba construír consenso junto a otros sectores, hoy innecesarios cuando esos consensos cambiaron su signo y mudaron hacia las tierras que se suponen más tranquilas y redituables de los dueños del poder comunicacional.
Esas “víctimas” beneficiadas por el decreto 527/05 jamás quisieron discutir –salvo los cambios puntuales que impusieron a su favor- una Ley de Radiodifusión, que nacida durante la dictadura militar los representa mucho mas acabadamente que cualquier otro intento que permita la participación –siquiera en la discusión- de otros sectores. Fueron activos impulsores de la Reforma del Estado del menemismo, bajo cuyo paraguas se privatizaron los canales de televisión y radios, en concursos irregulares y apañados por aquel gobierno, que se hicieron, además, recurriendo a la vigencia de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. Se consideraron alcanzados por la reducción de aportes patronales que no les correspondía –una resolución del gobierno de Menem que beneficiaba a las industrias y no a la actividad que supone un medio de comunicación- por lo que evadieron millones de pesos, entonces dólares, nunca devueltos pese a los fallos de la justicia que así lo ordenaban. Fueron apologistas de la total desregulación de la economía que les permitió diseñar y aplicar las nuevas reglas del juego en materia laboral, profesional y respecto del tradicional sistema solidario de salud que contuvo desde siempre a los periodistas. Al tiempo que procedieron a endeudarse sin límites, con organismos financieros internacionales. Fueron los intelectuales orgánicos de la economía de mercado, de la convertibilidad, del desguace del Estado, del descrédito de la política, de la globalización autoritaria; fueron los que cambiaron la Ley de Quiebras e inventaron la Ley de Industrias Culturales para proteger a los “empresarios nacionales” contra “los fondos buitres”, después de haber reclamado y obtenido la pesificación de sus deudas, tras diciembre del 2001, y de haber invocado (consecuencia de la caída del consenso neoliberal) el valor del Estado que habían contribuído a destruir. Fueron los que sacaron a los medios de la Ley de Defensa del Consumidor porque eso “atentaba contra la libertad de expresión”; fueron los que durante una década acumularon una deuda con el COMFER -en complicidad con ese organismo- por cientos de millones de dólares, producto de ilegales e irregulares exenciones correspondientes al gravamen del 9% de su facturación bruta; fueron los que apelaron a los cambios en la Ley de Concursos, a los Procedimientos Preventivos de Crisis y a los acuerdos extrajudiciales para hacer de la “crisis” un negocio que permitiera recuperar y luego incrementar, con activa participación de los gobiernos de Duhalde y Kirchner, los márgenes de rentabilidad, que hoy los principales grupos no tienen ningún problema en admitir como históricos.
Esas “víctimas”, de acuerdo con lo que se expresó el viernes 20 de mayo, nada parecen tener que ver con los autores materiales e intelectuales del crimen cometido en este país y que sólo asoma –el país, no los responsables- a modo de discurso cuando se tiene que explicar el infierno recibido. Y que ahora, nos venimos a enterar, lejos de ser sus autores fueron otras “víctimas” de las consecuencias no deseadas por la década menemista. Y que, por lo tanto, nada parecen tener que ver con los destinatarios de aquella verba que señalaba a muchos empresarios de la comunicación como cómplices de la dictadura y por el silencio ante la desaparición de un centenar de periodistas-trabajadores de prensa.
Aquella tensión que provocara irrelevantes enojos con el gobierno por parte de ciertos sectores –hoy beneficiados en su renovada condición de “víctimas”- tuvo su pico cuando se dijo que “el Presidente no necesita de intermediarios, se comunica directamente con el pueblo”. En realidad, parecen no necesitar de los periodistas, porque con los dueños de los medios se resuelve de otra manera.
Esas “víctimas” fueron, vale la pena repetirlo aunque solo sea en parte, los que nunca se bajaron de la intención de derogar el Estatuto del Periodista; los que despidieron centenares de trabajadores de prensa, amparados en las condiciones arriba mencionadas y no obstante enfrentar luchas, muchas ejemplares, todas dignas; los que precarizaron las condiciones laborales y profesionales de los periodistas; los que convirtieron al periodista colaborador en un prestador externalizado; los que usaron, y usan, la figura del pasante-becario como mano de obra entre barata y gratuita; los que impiden que los trabajadores se organicen; los que no discuten salarios, lo congelan o definen porcentajes insignificantes.
Hay una carta de mayo de 2003 elevada al presidente Kirchner, sin respuesta; un documento y seis carpetas con más de 1.500 hojas, presentados ante todos los bloques, instituciones y candidatos a las elecciones de 1999, denunciando de manera detallada la realidad del periodismo y de los periodistas; hay un documento previo a las privatizaciones de l989 –elaborado por la UTPBA- que anticipa la concentración monopólica como inevitable consecuencia del paso que se iba a dar y que contó con muy pocas resistencias entre otras organizaciones del sector: todos estos documentos, cartas, pronunciamientos dan cuentan de esa situación, así como del despliegue y la acción encaradas frente a tanta injusticia, frente a tanta impunidad.
Sin embargo, con todo lo brutal que el decreto conlleva, decíamos que las señales no se agotaban ahí. Es que como parte de un mismo impulso político que prorroga licencias, que otorga ahora sí entrevistas para –entre otros temas- informar sobre la postergación de un viaje a Cuba, que acusa a los estudiantes secundarios que se movilizan y protestan de estar “manejados” políticamente –mientras se afirma que los maestros paran por “complejo”- el presidente usa los micrófonos de Radio 10 para vincular dos procesos, al señalar que “una verdadera libertad de expresión debe desistir definitivamente del procedimiento de corte de calles porque eso es quitarle derechos a otros argentinos que también trabajan y también sufren”.
Sería irresponsable negarse a leer lo que dicen esas palabras: que la libertad de expresión la garantizan los que crearon el infierno –del que se quiere salir pagando como nunca la deuda externa, haciendo más desigual la distribución de la riqueza, calificando de populismo setentista e inflacionario cualquier reclamo por un salario digno- y que dicha libertad es puesta en riesgo por quienes ni siquiera tienen la posibilidad de ser explotados por un sistema, el capitalismo, que se sostiene, precisamente, en eso: en la explotación del hombre por el hombre.
Se acaba de bajar la persiana a cierta fantasía de debate, colocando –en una total correspondencia con la lógica del capitalismo dominante- en disponibilidad de los intereses ideológicos, económicos y políticos de las corporaciones más concentradas de la comunicación a la mayoría abrumadora de los habitantes del país.
“Les agradezco profundamente vuestra presencia acá, les agradezco la tolerancia y el acompañamiento y también les agradezco la sinceridad para hablar. Que en la Argentina podamos tener y convivir muchas veces en la pluralidad, con visiones diferentes pero pensando en hacer una Argentina que nos contenga a todos”, les dijo Kirchner a los empresarios que estaban el 20 de mayo en la Casa de Gobierno. Muy cerca de él Carlos Fontán Balestra, titular de ATA –la cámara de los empresarios televisivos-, ex abogado de Carlos Menem y cabeza del grupo que se quedó con Canal 11 cuando este se privatizó, decía sentirse representado por el gobierno en estas medidas.
Esto –más allá de una cuestión protocolar, a la que, sin embargo, es tan poco afecto el Presidente- indica continuidad: de actores, relaciones, intereses y política. Resulta evidente que el discurso de cambio que surge del Poder Ejecutivo ni siquiera roza de lejos la hiper concentrada corporación mediática, una vez más inmune a cualquier pretensión –en este caso ausente desde el oficialismo- de poner en caja a los principales responsables del país que padecen millones de personas.
Tal vez así algunos comprendan mejor por qué no hay democracia informativa sin democracia económica. Tal vez algunos entiendan mejor que no hay lugar ni para las ilusiones ni para la resignación: apenas un ancho espacio donde la lucha por la justicia, por un país y una vida mejor recrea las ideas que la hacen digna y da batalla frente a la más despiadada adversidad (ANC-UTPBA).
