Por Héctor Poggiese (Flacso y Redes PPGA)
El conflicto desatado en torno a la Plaza Cortazar enfrenta artesanos y comerciantes callejeros con vecinos residentes y entrelaza al comercio formal y algunas áreas del gobierno de la ciudad, en particular Espacios Públicos y Turismo. Como siempre pasa en esto casos, la polvareda impide ver las razones profundas del fenómeno.
Palermo es el filón más importante que el proceso de reurbanización dominante, identificado como “ciudad global”, encuentra en la Ciudad de Buenos Aires.
La ciudad enfrenta problemas que responden al avance de la reurbanización urbanística que caracteriza al modelo neoliberal en las grandes ciudades del mundo (la ciudad global, la ciudad mundial) como se la ha denominado, pero ese proceso es ocultado con intención o con negligencia, por sus promotores (el capital financiero especulador inmobiliario y los “planificadores” que le abren camino) y también por los responsables administrativos de lo urbano (los gobiernos), para los cuales se trata apenas de los efectos del “boom” inmobiliario.
El caso más típico es Palermo Viejo, barrio sometido al destino de las minas de oro (equivale a los “garimpos” amazónicos): será explotado al máximo hasta su agotamiento y desaparición de su valor mientras esos actores cantan, en coro, las loas a los beneficios económicos del impacto urbano.
La presión inmobiliaria sobre el barrio ya es demasiado evidente como para negarla: la torre de Guatemala oferta sus pisos con vistas al “barrio de casas bajas”, y del otro lado de la J.B.Justo se yerguen dos inmensas torres. Sólo falta que un empresario compre suficientes lotes en alguna manzana del área residencial haciéndose merecedor a la normativa especial que le brinda el CPU, para que la transformación urbana del viejo patrón constructivo se acelere de manera definitiva, empujada por las torres.
La presión combinada entre el comercio de diseño, gastronomía y turismo también es categórica y es veloz el ritmo de transformación de uso residencial en comercial. Plaza Cortázar y su entorno inmediato son el centro visible de un proceso mayor, que se caracteriza por la eliminación del uso residencial tradicional.
Lo que correspondería hacer, en vez de avivar los enfrentamientos entre sectores, es asumir la necesidad de un programa de convivencia entre los diferentes usos que hacen del area una zona mixta de residencia de densidad media, corredor de transporte complementario de la Av. Córdoba, comercio de diseño y gastronomía, turismo. Ese programa de convivencia sería el efecto de un Plan de Sector, autorizado por la normativa vigente del CPU, hecho con participación de los vecinos y otros actores locales, que determine los usos específicos con un detalle normativo más preciso.
Un Plan participativo es ordenador de conductas e intereses y es un preventivo de conflictos. Sin embargo, frente a los cambios en Palermo los gobiernos de la ciudad siguen prefiriendo actuar como bomberos cuando estalla un conflicto, no meten mano en el modelo que los provoca. (*)
Las torres de Caballito, que ahora están cuestionadas desde la movilización vecinal y suspendidas a término por un decreto del Jefe de Gobierno, bien podrían inscribirse dentro del movimiento general de la especulación inmobiliaria que apunta a ofertar vivienda a sectores medios y altos, en pos de grandes y rápidos lucros.
Desde el mes de febrero en adelante Telerman viene explicando que dicha transitoriedad terminará cuando se sancione por la Legislatura el Plan Urbano Ambiental, cuya segunda y abreviada versión acaba de elevar para su tratamiento por los diputados. Según el Jefe de Gobierno y su prensa esa versión del PUA, una vez aprobado, servirá para proteger barrios como Caballito y otros.
Me permito dudar de semejante aseveración, apenas un espejismo. Hay bastante engaño en eso porque nada puede asegurar que las expresiones de deseos u objetivos que contiene el texto del PUA tengan por si mismas efectos normativos (aun cuando el PUA tenga sanción legislativa) y porque el gobierno no apela al uso de los instrumentos normativos vigentes (el Plan de Sector) para enfrentar y resolver el desarrollo urbano de los barrios residenciales amenazados, sea por la expulsión o cambio brusco de su calidad de vida, de los residentes (Palermo), sea por el aumento de la densidad poblacional (Caballito).
No hace falta esperar la sanción del PUA. Bastaría con que se ponga en práctica para Palermo y Caballito lo dispuesto por el Código de Planeamiento Urbano, desarrollando los Planes de Sector, en forma participativa, creando así posibilidad que los vecinos y otros actores puedan componer y confrontar sus modos de vivir y sentir la ciudad con los otros modos de hacer ciudad que hoy transitan los expedientes inaccesibles para el común de las gentes, preparando las trasformaciones que son noticia sólo cuando se comienzan a construir.
Con el PUA aprobado o sin PUA aprobado, el camino para esos problemas urbanos enclavados en los territorios de los barrios es el mismo: que el GCBA impulse en cada caso un plan de sector urbano, participativo y consensuado, instrumento que ya existe en el CPU y que el PUA mantiene y confirma, sin modificarlo.
(*) El gobierno Telerman reacciona promoviendo el desplazamiento de los artesanos y comerciantes callejeros a un sector próximo al ferrocarril en la calle Darwin. Diputados kirchneristas presentan como alternativa un anteproyecto de ley para que el área sea reconocida como turística, desplazando el transporte a otras áreas del mismo barrio, y convocando a comerciantes, artesanos y al sector turismo del GCBA, pero comete el error de no considerar a los vecinos residentes, ignora el uso residencial. Los artesanos resisten ocupando la plaza, la feria de arte se muda a otra plaza, el ejecutivo vuelve atrás con los artesanos que tienen legítimos permisos. Los vecinos residentes reclaman que no conocen el proyecto oficial para la plaza. La confusión y los efectos perversos producidos por la ausencia de un plan urbano consensuado en el sector perdura y la realidad será siendo la producida por el mercado y el modelo de reurbanización dominante, sobre el que ninguno de los actores en conflicto (incluido el gobierno) se manifiestan
