SE CALCULA QUE 200 MIL JUBILADOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DEJARÁN DE RECIBIR MEDICAMENTOS HASTA AHORA GRATUITOS
El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, firmó una disposición por la cual todos los jubilados que cobren más de $8.500 no recibirán medicamentos subsidiados al 100% en las farmacias. Sostuvo que “es un verdadero acto de justicia social”.
En esa línea el titular del PAMI, y derrotado por en su intento de ser intendente por el Partido de Almirante Brown en 2015, limita el acceso gratuito a medicamentos a los jubilados del país que perciban más de $8.500 de haberes mensuales o, independientemente de su haber, posean más de un inmueble, un auto de menos de diez años de antigüedad o un plan de medicina prepaga.
El titular del PAMI dijo por Radio 10 que el recorte en el acceso gratuito de medicamentos a los jubilados es “un verdadero acto de justicia social que le permite al Estado nacional ahorrar unos $ 1.600 millones por año”, sin explicar cómo se llegó a esa improbable cifra, aunque en una entrevista realizada en el programa El fin de la metáfora de Radio 10, Regazzoni justificó el recorte por supuestos hallazgos de irregularidades de jubilados que tienen a su nombre embarcaciones y aviones privados. “Encontramos 52 personas que son titulares de avión y que son beneficiarios” dijo el Director Ejecutivo del PAMI.
Lo razonable hubiese sido actuar sobre estos 52 casos, en vez de excluir a más de 200.000 jubilados y jubiladas. Es decir, la misma medida se aplica tanto a los jubilados y pensionados que cobren $8.500 pesos como a los que sean dueños de aviones o de barcos, midiendo con la misma vara a una persona que no alcanza a cubrir la Canasta Básica Total ($12.637) que aquella que sea dueña de un barco o un avión.
La medida resulta arbitraria e injusta. Los jubilados que más perciben son también quienes más descuentos tienen en sus haberes ya que la cuota de la obra social Pami no es fija y uniforme para todos sino que es un porcentaje (6%) del monto total del beneficio; de ahí que a mayor haber jubilatorio mayor es la contribución al sistema. Eso por una parte, por la otra, si la persona jubilada opta por tener otra obra social no se le anula la cuota Pami, sino que ésta es inamovible y se la siguen descontando. De esa manera continúa contribuyendo al sistema aunque lo usará menos que si no hubiera contratado otra obra social.
Los jubilados y jubiladas que acceden a una obra social pagada por hijos u otros familiares preocupados porque la persona sufrió un infarto, por ejemplo, no tiene recursos suficientes y ellos deciden procurarle una atención externa al sistema que consideran mejor, no recibirán por parte del Pami la medicación gratuita indicada para casos de problemas crónicos, a pesar de que el afiliado sigue contribuyendo al sistema. Quienes reciban $ 8.500 o menos de asignación mensual no tendrán ese problema. A menos que se trate de alguno de los 52 supuestos propietarios de embarcaciones o aeronaves, tenga un auto de menos de diez años de antigüedad, un terrenito en el que nunca pudo construirse la casita de veraneo, o bien goce de la ayuda del hijo o hija que no quiera ver a papá o mamá –que cobra la mínima- haciendo cola de pié 2 horas antes que abran la ventanilla del Pami en el hospital asignado.
La iniciativa de Regazzoni está en línea con la directiva general de exprimir los bolsillos donde se pueda para extraer recursos, siempre que no se trate de las empresas de electricidad –beneficiadas con 19 mil millones de pesos en una asignación estatal graciable, aparte del violento ajuste tarifario– la reducción de retenciones a empresas mineras, a los sojeros, las transportadoras de gas, y largos etcéteras. Hood Robin en todo su esplendor. Quien crea que Regazzoni es un francotirador se equivoca. Más bien se trata de un soldado disciplinado que contribuye al plan general de gestión con un meritorio aporte.
En “Las Cárceles de la Miseria” el sociólogo francés Loïc Wacquant denuncia las violencias urbanas, el aumento continuado de la población carcelaria, la represión intensificada de la delincuencia juvenil y el hostigamiento de los sin techo; sostiene que por todas partes se deja sentir la tentación de apoyarse en las instituciones policiales y penitenciarias para atajar los desórdenes provocados por el desempleo, el salario precario y los recortes de la protección social. Traza las vías por las que este nuevo “sentido común” punitivo -elaborado en Estados Unidos por una red de think tanks neoconservadores- se ha internacionalizado, auspiciado por la ideología económica neoliberal
Estos institutos de asesoramiento han cumplido -según el autor- la importante misión de difundir y legitimar los postulados relativos a una mayor presencia del aparato punitivo y judicial del Estado. En este movimiento, se hace responsable al excesivo asistencialismo estatal de fomentar la pobreza y la descomposición social, donde radicaría el germen de las violencias que aquejan a las ciudades. La retracción liberal del Estado keynesiano de posguerra implica, por tanto -y al mismo tiempo que el desmantelamiento de las estructuras de asistencia social- un fortalecimiento de la presencia estatal a través de la policía y los tribunales.
El paso del Estado providencia al Estado penitencia anuncia la aparición de una nueva forma de gobernar la miseria, que aúna la mano invisible del mercado de trabajo descalificado y desregulado con el largo brazo de un aparato penal omnipresente.
