Cada año la ONG, a través del voto del público y de un jurado, entrega los premios Mallete a las mejores decisiones judiciales que protegen los derechos de las mujeres, y los Garrote a las que discriminan.
“La manera en que los jueces y juezas interpretan las leyes tienen un impacto directo sobre la vida de mujeres y niñas en todo el mundo”, explicó Tania Sordo Ruz, coordinadora de la iniciativa.
El reconocimiento al fallo de Santa Fe fue votado por 31.497 personas de todo el mundo, que valoraron la decisión de la Fiscalía de reparar a la familia Acevedo.
En 2006 Ana María Acevedo tenía 19 años, tres hijos y estaba embarazada de pocas semanas cuando le diagnosticaron un cáncer facial. El personal médico del hospital Iturraspe le negó un aborto terapéutico necesario para poder recibir el tratamiento de radioterapia y ella se vio obligada a continuar con el embarazo, período durante el cual no recibía medicación que calme los dolores provocados por la enfermedad.
Con cinco meses de gestación le practicaron una cesárea, pero su salud ya estaba muy comprometida y falleció el 17 de mayo de 2007.
En 2010 un tribunal argentino abrió una investigación, procesó al personal médico involucrado y sentó el precedente de que no practicar un aborto legal puede ser un delito, decisión que recibió el premio Mallete del Público 2010.
En marzo de 2015, sin que hubiera finalizado el proceso penal sobre la investigación de la muerte de la mujer, la Fiscalía Provincial de Santa Fe, a cargo de Pablo Saccone, reconoció la responsabilidad del Gobierno por la muerte de Ana María y el daño causado a su familia por haberle negado el aborto legal.
La decisión fue considerada “histórica” por la Multisectorial de Mujeres de esa provincia, que acompañó a la joven y su familia desde los inicios del proceso.
En su fallo, la Fiscalía reconoció que el deber del personal médico era atender a la paciente tomando todas las medidas necesarias para proteger y salvar su vida sin discriminaciones de ningún tipo.
En su resolución afirmó además que el gobierno provincial debía reconocer su responsabilidad, pedir disculpas públicas e indemnizar y reparar a la familia por los daños causados, además de comprometerse a evitar que estos hechos se repitan en el futuro.
El gobierno santafecino acató la orden y cumplió con la sentencia en octubre pasado.
También fueron premiados con el Mallete de Oro la Corte Constitucional de Zimbabue, que prohibió el matrimonio infantil al reconocer que esta práctica somete a las niñas a una vida de pobreza y sufrimiento.
El de Plata fue para un tribunal del Reino Unido que consideró que al no permitir el aborto en ciertas circunstancias, Irlanda del Norte vulnera los derechos humanos de las mujeres.
En tanto, el de Bronce lo ganó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, por reconocer que las tareas domésticas que realizan las mujeres dentro del hogar, son un trabajo.
Los galardones Garrote fueron para la Corte Constitucional de República Dominicana, que declaró inconstitucional el nuevo Código Penal que contenía la despenalización del aborto bajo tres circunstancias y ordenó reinstaurar código del año 1884.
El de Plata se le asignó a un tribunal del Reino Unido que exculpó a un hombre de la violación de una mujer y el de Bronce para un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en España, porque la jueza le preguntó a la víctima, durante una declaración, si cerró bien las piernas para evitar los abusos sexuales por parte de su ex pareja y además le negó una orden de protección.
El Garrote del público fue para un tribunal del Distrito Federal en México, que ordenó quitarle a una mujer la custodia de su hijo porque no cumplía con el rol de madre tradicional y le ordenó acudir a terapia para que entendiera las costumbres mexicanas y pudiera ser una buena madre.
