Por Beatriz Blanco, Agencia R. Walsh
Los 15 trabajadores de la vía pública que fueran detenidos el año pasado en la manifestación frente a la Legislatura porteña, recuperaron su libertad el 7 de septiembre por decisión del Tribunal Oral Criminal 17, a partir del cambio de carátula. El cambio consistió en reemplazar “coacción agravada” y “privación ilegítima de la libertad” (figuras no excarcelables durante el proceso) por “perturbación de los poderes públicos”, un delito excarcelable. La noticia, a la vez que produjo inmensa alegría, desconcertó a más de uno.
El Tribunal Oral Criminal desconcertó por la rapidez con que trazó un nuevo “dibujo jurídico” que deshizo la carátula inicial, basada en videos y declaraciones de los policías implicados en la represión de ese día. Tal decisión tampoco se basó en el aporte de nuevas pruebas por la parte acusadora y menos de la defensa.
Repasando sumariamente el procedimiento, hoy se encuentran más explicaciones al giro que dio la causa, en la proximidad de las elecciones nacionales y la falta de apoyo popular al Gobierno, que en un afán de “hacer justicia”. 14 de los 15 acusados siguen procesados y aguardando fecha del juicio oral.
A lo largo de 14 meses, la lucha del campo popular se libró en varios terrenos: la defensa había implementado los recursos jurídicos más variados y a partir de mayo varios presos hicieron huelga de hambre, mientras fuera de los muros de las cárceles se intensificó una campaña de difusión y esclarecimiento para pedir por su libertad. Pero nada daba resultado, y los cuatro pedidos de excarcelación junto con el pedido de cambio de carátula fueron negados uno tras otro por distintas instancias judiciales.
Ninguno de los apresados ese día pertenecía a agrupación política partidaria alguna y en su casi totalidad eran pobres. Los tenía presos el ministerio de Justicia, poco independiente de la decisión política del gobierno nacional.
Por otra parte, se hizo lo que se hace tradicionalmente para liberar presos políticos y paradójicamente la mayoría de ellos no se asumía como tal, porque siguen pensando que hacer política es cuestión de partidos políticos y no de los trabajadores en lucha por sus derechos.
Sin embargo, cada uno de los integrantes de los organismos de derechos humanos, políticos, sociales o periodistas alternativos que los vimos alejarse hacia el pabellón custodiados por los policías, al finalizar la visita en la cárcel, tuvimos la certeza de que eran presos políticos, teniendo en cuenta cómo se desarrollaron los hechos, el marco político de entonces y lo que pedían.
Como dijo Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora al cumplirse un año de su detención “Los presos de la legislatura pedían ese día que los dejaran tener un trabajo y reclamaron contra un Código que no habría que llamar de Convivencia, porque se escribió para perseguir a los pobres”.
