Por Beatriz Blanco, Agencia R. Walsh
Al analizar cómo se destrabó la causa a nivel jurídico se evidencia una decisión que se tomó fuera del ámbito tribunalicio. Ofrecemos aquí un raconto de los hechos que se sucedieron en las 24 horas que precedieron a la liberación de los presos.
El martes 6 de septiembre el defensor oficial Julián Langevin, abogado de Ojeda, preso en la cárcel de Marcos Paz, llegó al tribunal con su defendido pidiendo el cambio de carátula y el reemplazo de las figuras de “coacción agravada” y “privación ilegítima de la libertad”, que prevén de 10 a 15 años de cárcel, por “perturbación de los poderes públicos”, ofreciendo que su defendido cumpla con una probation.
El fiscal titular de la causa Gorini, había pedido licencia médica unos días atrás y en ese momento estaba de turno el fiscal Alejandro Alagia. Una parte del tribunal -según trascendió- no estaba de acuerdo en que Alagia tomara el caso, por esta razón el fiscal de turno pidió que al Procurador General lo confirmara en el caso, cosa que sucedió, afirmando su competencia. El doctor Alagia hizo lugar al pedido de Langevin y lo elevó al Tribunal Oral Criminal 17, precedido por la jueza Aurora Moral quien aceptó la petición. Por tanto desapareció la figura de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad para Ojeda reemplazándola por el art. 241, Inc 1 del Código Penal, es decir por “perturbación de los poderes públicos” que prevé una pena menor a cumplir por probation. Luego se adecuó nueva carátula para los 14 presos restantes.
El 7 de septiembre el Tribunal hizo venir al resto de los presos desde las distintas cárceles. Alrededor de las 14 fueron descendiendo de los celulares los presos de Devoto y Ezeiza. El Tribunal les ofreció cumplir una probation a cambio de su inmediata libertad, con lo cual desaparecía del horizonte el juicio, donde se evidenciaría tanto la arbitrariedad de la detención como la operación montada junto a hombres de los servicios.
Los presos se reunieron con sus abogados cerca de las 17. Reinó la confusión. La libertad estaba cerca pero a cambio de considerarse culpables de algo que no habían hecho. Tres presos se negaron en principio a la probation y eligieron ir a juicio, luego los restantes hicieron lo mismo. El Tribunal entonces los liberó sin más y prometió que el juicio se realizaría en octubre.
Juego de coincidencias
Resulta significativo que el caso de los presos de la legislatura se destrabe a través de Horacio Ojeda, “él estaba muy solo y debe haber recibido mucha presión” alcanzó a explicar un legislador porteño la noche de la liberación. Coincidía con algunos comentarios escuchados meses atrás en las visitas a Devoto “Ojeda está tan triste que ni visitas quiere recibir”.
A la mayoría de los presos los venía defendiendo abogados de los organismos de derechos humanos, salvo a Pablo Amitrano, Margarita Meira, Héctor Gómez y Jesús Calderón que tenían abogados privados. Ojeda en principio estaba preso en la Gendarmería y luego, en lugar de ir a Devoto, pidió que lo llevaran a Marcos Paz, allí estaba solo. Tuvo un abogado privado y luego de la defensoría de la UBA en Tribunales. Poco tiempo después lo rechazó. El tribunal nombró entonces a un defensor oficial, el doctor Julián Langevin. Los otros abogados habían presentado el pedido de cambio de carátula junto a los cuatro pedidos de excarcelación a lo largo de estos 14 meses. Ambas solicitudes fueron sistemáticamente rechazadas tanto por la jueza Silvia Ramond, de la sala V de la Cámara Penal Criminal (la que liberó a Chabán) como por el Tribunal Oral Criminal Nº 17, a fines de agosto.
El cambio de carátula, y por lo tanto el camino a la libertad, estuvo dado aparentemente por un hecho fortuito. El pedido del defensor cayó justamente en el turno de un fiscal con reconocida trayectoria garantista, Alejandro Alagia, aunque él pocos días atrás rechazó ese mote diciendo “El garantismo es una invención de los que viven de los límites. La idea del garantismo es repudiable porque hace de los límites al poder de otro una teoría de la Justicia. Los garantistas convierten los límites judiciales o las ocho horas de trabajo en un ideal de justicia” (Página 12, 12/9/05). Y a continuación se definió: “Soy un socialista que se gana la vida en un empleo público en la Justicia”.
“¿Cómo aterrizó en esta causa? -le preguntó la periodista de Página 12 a Alagia y el respondió: “Eran las siete de la tarde, tenían al detenido en el tribunal y no encontraban a ningún fiscal para la “probation”. El defensor hizo lo que venía haciendo desde hacía un año y medio: argumentar por qué la calificación era ilegal. Eso era lo único ilegal de la causa, eso y el comportamiento de los distintos funcionarios que autorizaron la prisión de 15 personas porque estaban manifestándose contra un código bestial. No puede ser más importante romper una puerta que dictar una normativa destinada a castigar a la población más pobre. La defensa hizo una argumentación muy jurídica. Fue tan correcta que me limité a apoyar lo que sostenía. Después del alegato, el tribunal transformó la calificación de delito sedicioso en falta menor, en una calificación correccional”.
Habría que anotar también el cambio en la disposición hacia los abogados por parte del Tribunal Oral. Al principio sólo los recibía la secretaria con gesto adusto, luego y en sucesivas entrevistas los funcionarios de la justicia de ese tribunal iban adelantando que primero el juicio sería en diciembre. Pocos días después afirmaron que se realización en noviembre y finalmente hace pocos días dijeron que se llevará a cabo en octubre. ¿Qué los llevó a acortar los plazos en vistas al juicio oral?
Lo importante es que el fiscal hizo lo que debía hacer, el tribunal accedió a su petición y al fin salieron en libertad Eduardo Marcelo Ruiz, César Gerez, Javier Scaramella, Eduardo Suriano, Jorge Nieva, Adolfo Rafael Sánchez, Héctor Eduardo Gómez, Carlos Hernán Santamaría, Jesús Fortuna Calderón, Pablo Amitrano, María del Carmen Ifran, Marcela Roxana Sanagua, Margarita Meira, Antonio Medina y Horacio Ariel Ojeda.
Preocupa con qué parámetros se detiene, se encarcela y se juzga los luchadores sociales, políticos o simplemente a los pobres. Hay actualmente cerca de 4.000 procesados por resistirse a la injusticia, el hambre y la explotación, mientras que los hombres provocadores de los servicios de inteligencia, infiltrados en la manifestación de aquel día, que tiraron piedras y rompieron las puertas de la Legislatura siguen en las sombras del anonimato, celosamente custodiado por el poder.
¿Qué pasará con los procesados de hoy y con los que día a día siguen deteniendo?
