NOTA DE OPINIÓN
El conflicto del Casino de Puerto Madero: Trabajadores, familiares y agrupaciones de izquierda manifiestan sobre la avanida Huergo, el viernes 1 de febrero. Al fondo, centenares de efectivos de la Prefectura Naval Argentina impiden el acceso a las instalaciones del Casino, distante 200 metros del lugar. (Foto La Urdimbre)
El día 16 de noviembre la empresa comenzó a enviar telegramas de despidos a un total de 90 empleados, acusándolos de ser violentos. Algunos estaban en las instalaciones mientras se desarrollaban los sucesos, otros debían tomar sus turnos más tarde y muchos tenían franco ese día.
Días después la jueza federal Servini de Cubría convalidó la medida. Hay que recordar que el barco casino está en jurisdicción nacional al estar anclado en el Puerto de Buenos Aires. El ministerio de Trabajo declaró la conciliación obligatoria, pero más tarde el ministro Tomada ratificó los despidos.
El titular del Casino, Cristóbal López, es amigo del ex presidente Kirchner, durante cuya gobernación en Santa Cruz, López se inicio como empresario del juego. “En la última semana de su presidencia, Kirchner prorrogó por quince años la concesión que el senador Eduardo Duhalde firmó durante su desempeño interino en el Poder Ejecutivo, por la que López explota 3.000 máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo y lo autorizó a colocar otras 1.500. También es llamativa la saturación de policías y prefectos y el rigor con que persiguen y golpean a los manifestantes” (Horacio Verbitsky, Página 12/03/08).
López posee casinos en varias provincias argentinas Es evidente que lo que está en juego es la merma de ganancias que debería soportar en caso de que hubieran prosperado los reclamos de los trabajadores, quienes querían lograr jornadas de 6 horas de cuatro días por semana.
Contra todos los pronósticos, el conflicto se sostiene. Los trabajadores cuentan con pocos apoyos explícitos, entre ellos el del Cardenal Bergoglio —quien los visitó mientras acampaban en la Plazo de Mayo y les permite colgar sus pancartas en la Catedral— de la Coalición Cívica de Elisa Carrió y de algunas agrupaciones de izquierda. Del otro lado están en “evidente complicidad”, según denunciaron delegados de los trabajadores “la jueza María Servini de Cubría, el Gobierno nacional y la empresa Casino Puerto Madero”. Tampoco tienen el respaldo del gremio al que pertenecen, liderado por el diputado porteño por el macrismo, quien es a la vez secretario general del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA). “Los trabajadores del Casino nos preguntamos dónde está Daniel Amoroso”, dijo el delegado Pablo Conti, el jueves último.
Un párrafo aparte merece la Prefectura Nacional, a cuyo cargo está la seguridad portuaria y por extensión la del nuevo barrio de Puerto Madero. En primer lugar llama la atención el despliegue permanente de centenares de efectivos en zonas aledañas al casino flotante, la mayoría de los cuales permanecen de pié y en formación. También las esporádicas irrupciones represivas que suceden a largos días de calma mientras se mantienen los cortes de los accesos al casino por parte de los trabajadores en conflicto (con el consiguiente caos vehicular en la zona). Y por último, la relativa autonomía con la que parece actuar esta fuerza. No es menos llamativo el hecho de que el ministerio de Justicia, a cuya órbita pertenece desde que Aníbal Fernández es su titular, haya manifestado no haber dado órdenes de reprimir, pero tampoco pidiera explicaciones públicas o iniciara sumarios cuando los uniformados lo hicieron.
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