Los profesionales que se declaren objetores de conciencia y rechacen brindar atención médica a las mujeres que requieran practicarse un aborto legal deben comunicar fehacientemente su situación y ser eventualmente sustituidos para esta práctica, es decir, que la objeción de conciencia puede ser manifestada individualmente pero no puede ser institucional.
El proyecto, producto de un largo proceso de debate legislativo que comenzó en el año 2008, establece procedimientos en los cuatro casos que el Código Penal señala como abortos legales.
La iniciativa surgida en el seno de la Comisión de Salud de la Legislatura, cuyos autores son Diana Maffía (Coalición Cívica), Gabriela Alegre y Juan Cabandié (Encuentro Popular por la Victoria), fue suscripta por Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Jorge Selser (Proyecto Sur), Mateo Romeo (Bloque Peronista), Maffía y Alegre. En tanto, las diputadas del PRO Carmen Polledo, Diana Martínez Barrios, Raquel Herrero y Lidia Saya firmaron un dictamen de minoría para archivar el proyecto; y Mónica Lubertino (Unión Federal) firmó otro dictamen de minoría también para archivo.
“Quienes presentamos este proyecto estamos a favor de la vida y desearíamos que ninguna mujer se viera en la situación de abortar. Lamentablemente, aún cuando eludiéramos los casos mas frecuentes de no punibilidad, hay muchos otros motivos por los que las mujeres llegan a esas situaciones: problemas socioeconómicos, embarazos no deseados por violencia familiar, violaciones, etc.” sostuvo la diputada Maffía.
Ahora el proyecto será tratado en la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y de Justicia, antes de pasar al recinto a consideración del plenario del Cuerpo.
