CON AMPLIAS ATRIBUCIONES
El Ejecutivo porteño envió a la Legislatura de la Ciudad un proyecto de Ley de Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3985-J-2016), en el cual se otorga una extensa serie de atribuciones a una “Agencia de Gestión Electoral”.
Según afirmó el legislador porteño Adrián Camps, “nada escaparía a la gestión y control del Poder Ejecutivo, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pasaría a cumplir un papel secundario. Este proyecto vulnera ampliamente el concepto republicano de la división de poderes otorgándole a un delegado del Poder Ejecutivo -designado por ese mismo Poder Ejecutivo- funciones que hoy desempeña el Poder Judicial”.
La “Agencia de Gestión Electoral”, según el proyecto, será la encargada de aprobar el cronograma electoral, distribuir el aporte público para el financiamiento de las agrupaciones políticas y los espacios en los medios de publicidad, programar y repartir los materiales para el desarrollo del comicio, registrar y autorizar los apoderados de las agrupaciones políticas y la participación de los fiscales, establecer los lugares de votación, designar a las autoridades de las mesas receptoras de votos, aprobar las pantallas electrónicas para la emisión de sufragios; auditar, probar y controlar las tecnologías electrónicas que se incorporen al proceso electoral, organizar el debate público de los candidatos, acreditar los observadores electorales, nacionales e internacionales, organizar el escrutinio provisorio y verificar el cumplimiento de los planes de reciclaje y limpieza de la vía pública por parte de las agrupaciones políticas que participan del proceso electoral.
En otras partes del articulado el proyecto pretende crear condiciones para que el PRO, y otras fuerzas mayoritarias, se apropien de bancas de las minorías políticas, estableciendo un piso del 3 por ciento del padrón para ingresar al reparto por el Sistema Dont. “También multiplica los requisitos y trámites burocráticos para presentar listas de candidatos y administrar los fondos electorales, perjudicando directamente a los partidos minoritarios y blanquea los aportes empresarios a las campañas electorales, legalizando el tráfico de influencias” afirmó el legislador del Socialismo.
