Escribe: Liliana Parada Diputada del bloque ARI
El 6 de abril, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su profunda preocupación ante “la posible transferencia o venta del predio dedicado a las actividades deportivas en el Colegio Nacional de Buenos Aires a favor de la Corporación Antiguo Puerto Madero (CAPMSA)”. Este proyecto de declaración nos ayuda a repensar los negociados millonarios y el concepto de ciudad que se pretende construir a expensas de la ciudadanía toda.
Este predio es propiedad del Colegio Nacional Buenos Aires, de la Universidad, por la Ley Nacional 9.685, desde el año 1915, que le asignó a estas tierras fiscales que ocupaba el colegio el carácter de plaza de ejercicios físicos. Luego, mediante la Ley 12.249 del año 1935, convalidada en 1974 por la Ley 20.654, se declara la propiedad de dichas tierras.
Esta declaración no deja lugar a dudas. No obstante, en el año 1989, por un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo dispuso la transferencia de las tierras en cuestión en propiedad a la Corporación Antiguo Puerto Madero.
En este lugar funciona el campo de deportes del colegio, situado en Machaca Güemes y Juana Manso, cerca del hotel Hilton y de otros reductos donde sobrevive la estética menemista. La intención de esta venta, al borde de fin de año y en medio de un enrarecido ambiente universitario, que continúa hasta hoy, nos hizo tomar intervención en el asunto, en donde los negocios inmobiliarios de carácter indiscriminado atentan contra el concepto de propiedad social que sustentamos.
La Ciudad de Buenos Aires es nuestro ámbito, y es nuestro deber cuidarla y preservarla de convertirse en un “no lugar”. Un “no lugar” es un sitio que carece de identidad propia; es algo que puede estar en cualquier lugar del mundo, porque no pertenece a la cultura local. Por ejemplo, un shopping o un aeropuerto son casi idénticos, con independencia del país en que nos encontremos.
El caso de Puerto Madero es sugestivo, porque los viejos docks le dieron una fuerte identidad inicial, que ahora está perdiendo a medida que se levantan nuevas torres, como las que pretenden elevarse en los terrenos en cuestión de cara al río, que es de todos.
Además, estos “no lugares” son maneras de privatizar los espacios públicos, que no tienen por qué ser económicas o jurídicas. También se lo puede privatizar culturalmente si se le da un signo diferente a nuestra identidad cultural.
Por otra parte, recuerdo que esta Legislatura en el año 1998 solicitó al Poder Ejecutivo que garantice el respeto de los derechos adquiridos por la Universidad de Buenos Aires por este mismo predio.
Hoy, en 2006, no sólo debemos preocuparnos por los derechos adquiridos de la UBA, sino por el derecho de los propios estudiantes y egresados del colegio, así como también de los vecinos de la Ciudad, que perderán una vez más espacios verdes en desmedro de nuevos negociados inmobiliarios.
Hace ocho años, los estudiantes se movilizaban en defensa del predio, y hoy, ocho años después, otros estudiantes continúan movilizándose y abrazando su lugar ante una situación que se agrava día a día.
La continua amenaza sobre el Campo de Deportes del Nacional de Buenos Aires constituye la cabal demostración de la continuidad de las políticas de enajenación del patrimonio público, iniciada en la nefasta década de los ’90 por el ex presidente Carlos Menem y su interventor en la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Grosso.
Los más jóvenes, los que aún no votan, nos están enseñando a defender nuestro patrimonio público. Ellos mismos denuncian el avance de la Corporación Puerto Madero sobre los pocos espacios verdes que aún hoy perduran.
Ya no se trata, tal como decíamos, de la defensa de un predio del colegio, sino de la lucha en defensa del medio ambiente y de una calidad de vida digna para todos los vecinos de nuestra Ciudad.
No nos han convencido de la conveniencia para los intereses de la Ciudad de la construcción de nuevas torres en Puerto Madero, ni nos han convencido de que sea prioritario para la Ciudad la facilitación de millonarios negocios inmobiliarios en uno de los barrios más caros y elitistas. Entonces, ¿cuánto faltará para que la Corporación Puerto Madero trate de convencernos de la necesidad de construir un nuevo barrio en la reserva ecológica de Costanera Sur?
Por último, no concebimos la venta de patrimonio público como mecanismo de autofinanciamiento en detrimento de la calidad educativa, y porque además concebimos peligrosa para nuestra Ciudad la permanente construcción edilicia, que reduce en forma notable nuestros espacios verdes.
Por todo ello, esta declaración nos incita a reflexionar en torno a la enajenación del patrimonio público con el objeto de favorecer un millonario negocio inmobiliario en una de las zonas más caras de la Ciudad.
