La Jueza Elena Liberatori hizo lugar al amparo presentando por el legislador Adrian Camps (PSA). De tal manera se puso freno a la pretensión del Poder Ejecutivo de ofrecer al mejor postor la concesión para explotar el Jardín Zoológico de la Ciudad.
El remate iba a realizarse el día 20 de este mes de julio en el Banco de la Ciudad con una base de 145 mil pesos mensuales. En la subasta pública se hubiera alzado con la concesión por el término de cinco años la empresa que ofreciera el canon más alto, sin otra exigencia.
El amparo presentado sostiene que según la Constitución de la Ciudad, el Gobierno porteño sólo está autorizado a concesionar obras y servicios públicos hasta por un plazo de 5 años. En tanto que la concesión de espacios verdes públicos está regida por la ordenanza 46.229, que prohíbe cualquier tipo de concesión de espacios verdes y Urbanización Parque en la Ciudad de Buenos Aires. “Es inadmisible entonces que el pliego no contenga un parámetro cuantificado de inversión que opere como límite. En ningún caso debe admitirse que mediante la subasta la concesión se convierta en un negocio recaudatorio para el Gobierno de la Ciudad”, expresa el amparo, y agrega que “el plazo de concesión por 5 años se advierte como bastante exiguo para recuperar la inversión que se obliga a hacer al concesionario”, lo que “puede dar lugar a que la empresa ganadora achique costos en las cosas que no se ven: comida y atención para los animales como así también que disminuya la cantidad de personal”.
La concesión del tradicional paseo porteño fue otorgada en 1991 por el ex intendente Carlos Grosso y venció en febrero del año pasado. Macri, firmó una prórroga que extendió la explotación por seis meses hasta el 31 de julio de 2011 a la actual gerenciadora, Zoo SA.
