Funcionarios del Gobierno de la Ciudad y Policía Federal, incautaron ayer las máquinas de una fábrica de sweaters clandestina en el barrio de Parque Patricios. Por orden del Juzgado Federal de Sergio Torres, los equipos serán puestos a disposición de los trabajadores sometidos a servidumbre para que continuen trabajando en condiciones dignas.
“A partir del incendio del taller de confección de indumentaria ubicado en la calle Luis Viale, en la Ciudad de Buenos Aires, ocurrido durante el mes de marzo de 2006, quedó expuesta la situación de los denominados talleres clandestinos. Se estima que en la Ciudad de Buenos Aires existen al menos unos 5.000 talleres clandestinos, en los que trabajan unos 30.000 costureros . La situación que caracteriza a estos talleres es la de una extrema vulnerabilidad de los trabajadores, explotación de inmigrantes indocumentados, jornadas de trabajo extensísimas, bajos salarios, hacinamiento, ausencia de condiciones mínimas de seguridad e higiene, niños y niñas encerrados en pequeñas habitaciones con el fin de no obstaculizar la producción y hasta la trata y tráfico de personas. Todas estas condiciones se resumieron en una definición: trabajo esclavo”.
(Ariel Lieutier “La economía de los talleres clandestinos: tercerización y estructura de costo”).
A principios de este mes el Juez Federal Sergio Torres —quien entiende en una causa iniciada por la organización La Alameda— dictó una medida sin precedentes: la incautación de las máquinas y su entrega a los trabajadores y la apertura de un proceso penal al dueño de la marca y al tallerista. La responsabilidad recae en este caso en el ciudadano coreano Ki Sum Kim (41), dueño de las marcas Jackson y DF Fashion, quien vive en el primer piso del edificio sito en Deán Funes 1760, en cuya planta baja funcionaba el taller clandestino. El otro imputado es el boliviano Eloy René Chuca Aduviri (28), encargado del taller.
Gustavo Vera, titular de La Alameda, había recogido el testimonio de una costurera que consiguió fugar del taller de Parque Patricios, quien contó que el encargado explotaba a unas 50 personas de ambos sexos, la mayoría bolivianos indocumentados y entre los cuales habría unos 20 menores de edad y que mujeres sometidas habían dado a luz en el lugar, sin asistencia médica.
Según el medio Noticias Urbanas, la fábrica de sweaters confiscada por la justicia federal y que llevaron a cabo ayer “más de tres camiones amarillos de Emergencia del Gobierno de la Ciudad, y un autoelevador, la fuerza de varios efectivos policiales y de los integrantes de los denunciantes La Alameda” será vuelta a montar por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en Directorio 3715, hasta que se terminen las obras en el Polo Textil que la Corporación Buenos Aires Sur y el INTI construyen en Barracas, para dar trabajo a cooperativas de costureros desplazados.
