El Tribunal Oral Federal 6 comenzó a juzgar hoy a 17 exmiembros de la Policía Federal acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 12 personas durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1977.
De esas víctimas, diez fueron asesinadas y otras dos permanecen desaparecidas, según informó la Secretaría de Derechos Humanos que es querellante en este proceso oral y público.
La audiencia comenzó pasadas las 10 en los tribunales de Comodoro Py, fue seguida por la plataforma zoom por los imputados y se transmitió en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial.
El juicio “abarca seis operativos represivos ilegales llevados adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Martín por los grupos de tareas de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocida también como Coordinación Federal”, se explicó en un comunicado.
El organismo que conduce Horacio Pietragalla Corti indicó que los expolicías serán juzgados por su responsabilidad en los operativos en los que fueron asesinados Jorge Hugo Casoy, María Marta Imáz Garzón Maceda de Casoy, Bernardo Levenson, Mario Lerner, Carlos Jeifetz, Nora Salvarezza de Jeifetz, Mario Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera, Liliana Griffin y Oscar De Cicco y por la privación ilegítima de la libertad de Marta Graciela Treptow y Alberto Gorrini, quienes permanecen desaparecidos.
Los acusados son en su mayoría miembros de los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia, como Juan Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti, Antonio Ángel Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Berón, Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar Romero, Osvaldo Nestor González, Daniel Pablo Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Horacio Alfredo Ortiz, Miguel Enrique Carlos Olarte, Eduardo Norberto Comesaña, Gerardo Jorge Arráez y Germán Ricardo Rimoldi.
Alberto Mattone, por otro lado, fue jefe de la Zona 1 de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, se precisó.
Cuatro de ellos tienen condenas previas por crímenes de lesa humanidad (Comesaña, Arráez, Romero y Ortiz), mientras el resto “será la primera vez que deberán responder por su rol en el terrorismo de Estado”, indicó la Secretaría.
“Su participación en los operativos represivos ilegales se pudo probar a partir de sumarios y de documentos de los Consejos de Guerra que se realizaron durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército, a cargo de la jurisdicción, en los que se buscaban dar una apariencia de legalidad a la actuación represiva”, se explicó.
La Secretaría añadió que “durante la instrucción, fueron importantes los aportes realizados por el equipo de investigación de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría, que realizó varios informes sobre algunos de los operativos y de los imputados que permitieron ampliar la acusación”.
Durante la audiencia de hoy, que se extendió por casi seis horas, se dio lectura a los resúmenes de los requerimientos de la elevación a juicio de la fiscalía a cargo de Pablo Ouviña, a los resúmenes de la auto elevación a juicio así como los requerimientos de la elevación a juicio de la querella.
“La Policía Federal en tanto institución fue parte del plan criminal, en sus dependencias funcionaron centros clandestinos de detención y algunos de sus funcionarios fueron protagonistas de los hechos ocurridos en ellos”, se consignó en el resumen de los requerimientos de la fiscalía.
Asimismo, se efectuó una descripción de cada operativo de lo cual se desprendió que “los hechos por los cuales se acusa a los imputados constituyeron homicidios” los cuales quisieron ser “justificados bajo la excusa de enfrentamientos armados que tuvieron lugar en virtud de procedimientos policiales al amparo de las leyes que reprimen delitos de la llamada subversión”.
“Sin embargo las irregularidades de esos procedimientos apartan cualquier duda respecto a su ilegalidad en tanto se caracterizaron por la falta de orden judicial para llevar a cabo el operativo, la asimetría de fuerzas, la brutalidad desplegada durante los procedimientos y el asesinato de las víctimas”, señaló la fiscalía.
“Todos los hechos que integran este juicio son un ejemplo paradigmático de los métodos habituales aplicados en estos operativos”, refirió el fiscal Ouviña en una de sus intervenciones aclaratorias.
Tras seis horas de audiencia se fijó un cuarto intermedio hasta el próximo encuentro que se llevará a cabo el 24 de febrero a las 10.
Agencia Télam
