Por Antonio Elio Brailovsky
Quiero expresarles mi preocupación por lo poco que estamos aprendiendo de la tragedia de Cromagnon. Un incendio en un local bailable nos lleva solamente a controlar las puertas de las discotecas. La muerte de la nieta de Alfonsín nos hizo ocuparnos por unos pocos días de la seguridad en las escuelas. Las inundaciones del 24 de enero de 2001 llamaron nuestra atención exclusivamente sobre los desbordes de los arroyos.
Pero todavía no hemos descubierto el hilo conductor que une todos esos eventos y es nuestra desprotección ante cada uno de ellos, lo que hace posible tratarlos de conjunto. Necesitamos una estrategia integrada para la prevención y respuesta ante las emergencias.
La propuesta existe y hasta ahora no ha sido tenida en cuenta. Se trata de las conclusiones del Seminario Taller sobre Prevención y respuesta ante Emergencias en la Ciudad de Buenos Aires, que realizamos entre el 15 y 16 de agosto de 2000, con la coordinación de Nélida Harracá y Mabel Santoro. Estas conclusiones fueron entregadas en mano al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre del año 2000. También fueron distribuidas por correo electrónico a los Diputados de la Ciudad.
¿Cuál es la diferencia con lo que ya existe? Que hoy tenemos políticas definidas por el actual modelo de estructura del Estado, basado en la división de la realidad en compartimentos estancos, administrados por oficinas que tienen muy poco contacto entre sí y casi ninguno con la población afectada. Hoy tenemos un sistema de respuesta ante emergencias que funciona con medios muy precarios y carecemos en absoluto de cualquier forma de prevención.
El documento integra los diferentes aspectos en una política coherente y creo que factible, porque no implica niveles elevados del gasto sino de compromiso por parte de funcionarios y ciudadanos.
Entre otros temas, estas conclusiones ponen el acento en:
- La continua información a la comunidad.
- La incorporación de los temas de emergencias a la curricula educativa.
- La realización de simulacros en todos los edificios e instalaciones públicos y privados.
- La adecuación de la legislación (incluyendo el Código de Planeamiento Urbano y el de Edificación) y su efectivo cumplimiento
- La realización obligatoria de mapas de riesgo y su difusión pública.
Como siempre, hay intereses que juegan para evitar una adecuada política de prevención. Se trata de intereses mucho más poderosos que aquellos dueños de locales que cierran con candado una puerta que debería estar abierta. Por ejemplo, una medida elemental en la prevención de inundaciones es delimitar en el Código de Planeamiento Urbano las zonas con riesgo de inundación y definir normas diferenciadas para ellas. Pero esto significaría una desvalorización de la propiedad inmueble en dichas zonas, con la consiguiente presión de quienes consideran a la ciudad sólo como un espacio para hacer sus negocios. Hasta ahora se ha considerado que la propiedad es más importante que la vida. ¿Estamos dispuestos a cambiar esas prioridades?
Algo semejante ocurre con la necesidad de establecer mapas de riesgo para posibles accidentes químicos, tanto por derrames como por incendio o explosión. A ninguna empresa le gusta figurar en un mapa de riesgo. Sin embargo, no hay manera de prevenir los riesgos si la población no está perfectamente enterada de lo que puede ocurrir y de lo que se espera de cada uno de nosotros ante una emergencia.
Lo que equivale a decir que las emergencias no son una cuestión exclusivamente de Defensa Civil sino que requieren de la participación de toda la población, de información continua y de entrenamiento para saber cómo actuar. De nada sirve tener extinguidores con la carga al día si no los sabemos usar y si ni siquiera sabemos si los podemos levantar. Por supuesto que es bueno tener abiertas las puertas de emergencia, pero todos tenemos que haber participado en un simulacro de evacuación para evitar que el pánico provoque más víctimas que el incendio.
Para hacer esto, hace falta solamente tomar la decisión política.
