Por Enrique Masllorens *
El prefecto de la provincia romana de Judea estaba acostumbrado a sobrevolar tempestades. Hombre del cruel Imperio Romano administró la colonia con mano dura y habilidad política. Pero quedó en la historia cuando hizo detener a Jesucristo por el cargo de blasfemia que Caifás y los sumos sacerdotes le endilgaban al fundador del cristianismo y para el que pedían la pena de muerte.
En primera instancia Pilato desestimó el delito y la pena solicitada. Volvieron a la carga aquellos que no querían perder sus privilegios y dominio de las mentes de parte del pueblo y lo acusaron de sedición. Aun sabiendo de lo endeble e injusto del argumento, aceptó poner a consideración de los amanuenses, escribas y fariseos disfrazados de plebe, la suerte de Jesucristo confrontándolo con el asesino Barrabás. Se sabe: Jesús fue crucificado y Poncio Pilato se lavó las manos intentando exculparse del crimen del que fue cómplice necesario por omisión de justicia.
Mañana, la Corte Suprema de Justicia ha decidido montar un show mediático-judicial que pone en entredicho la propia legalidad de las instituciones republicanas y la división de poderes de la democracia. Erigida engañosamente en un súper poder, articula una reunión de partes para “entender” de qué se trata la discusión de algunos artículos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada y aprobada en el Parlamento argentino. Hace cuatro años que se aprobó la norma y desde ese momento las cautelares sistemáticas del Grupo Clarín han trabado e impedido su aplicación. Los supremos han revelado lo que todos percibíamos y denunciábamos: que el Grupo Clarín funge como un partido político, aunque no tenga representantes formales y nadie los haya votado. Los cortesanos han certificado esa existencia contra natura.
Esta ley –la más discutida, confrontada y mejorada en más de 40 audiencias públicas en todo el país– reconoce la génesis de un numeroso colectivo de comunicadores, sectores sociales, sindicatos, pueblos originarios reunidos en la Coalición por una Radiodifusión Democrática y sus 21 puntos basales de la Ley 26.522. Desde la restauración de la democracia, estos luchadores a los que les debemos reconocimiento y agradecimiento, bregaron por una ley diferente y superadora de la de la dictadura cívico-militar. Los mismos que acordaron con Videla y Martínez de Hoz y se beneficiaron delictivamente de Papel Prensa, bombardearon todas y cada una de las iniciativas antimonopólicas y de democratización de la palabra. Todos los interesados conocemos desde hace muchos años de qué se trata el tema. El show mediático de la CSJN es una burla a la inteligencia y un abuso de la lógica.
Los que conocemos y trabajamos con los medios audiovisuales de todo el país somos testigos de los estragos a la economía, independencia, libertad y derecho a la información que el Grupo Clarín en actitud imperialista y colonizadora ha infringido a nuestros compatriotas de la Argentina profunda, a través de Cablevisión y el ahogo a pequeños canales –incluso públicos– por parte de ARTEAR. Ahí está uno de los puntos nodales de la monopolización de la palabra, del imaginario colectivo y de la identidad.
Muchos nos sentimos a punto de ser defraudados nuevamente. A hacer de comparsa de un montaje en el que el final ya está anunciado. A seguir sintiendo la sombra ominosa de Héctor Magnetto. A que se laven las manos sobre el artículo 45, el de la desmonopolización del sistema de cables –la verdadera “caja” del Grupo– y se vuelva a arrodillar frente al poder real.
Mañana estaremos frente al Palacio de Tribunales. Esperemos que los miembros de la Corte Suprema estén frente a la justicia y no se laven las manos.
* Secretario Ejecutivo – Consejo Federal de la Televisión Pública.
En primera instancia Pilato desestimó el delito y la pena solicitada. Volvieron a la carga aquellos que no querían perder sus privilegios y dominio de las mentes de parte del pueblo y lo acusaron de sedición. Aun sabiendo de lo endeble e injusto del argumento, aceptó poner a consideración de los amanuenses, escribas y fariseos disfrazados de plebe, la suerte de Jesucristo confrontándolo con el asesino Barrabás. Se sabe: Jesús fue crucificado y Poncio Pilato se lavó las manos intentando exculparse del crimen del que fue cómplice necesario por omisión de justicia.
Mañana, la Corte Suprema de Justicia ha decidido montar un show mediático-judicial que pone en entredicho la propia legalidad de las instituciones republicanas y la división de poderes de la democracia. Erigida engañosamente en un súper poder, articula una reunión de partes para “entender” de qué se trata la discusión de algunos artículos de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada y aprobada en el Parlamento argentino. Hace cuatro años que se aprobó la norma y desde ese momento las cautelares sistemáticas del Grupo Clarín han trabado e impedido su aplicación. Los supremos han revelado lo que todos percibíamos y denunciábamos: que el Grupo Clarín funge como un partido político, aunque no tenga representantes formales y nadie los haya votado. Los cortesanos han certificado esa existencia contra natura.
Esta ley –la más discutida, confrontada y mejorada en más de 40 audiencias públicas en todo el país– reconoce la génesis de un numeroso colectivo de comunicadores, sectores sociales, sindicatos, pueblos originarios reunidos en la Coalición por una Radiodifusión Democrática y sus 21 puntos basales de la Ley 26.522. Desde la restauración de la democracia, estos luchadores a los que les debemos reconocimiento y agradecimiento, bregaron por una ley diferente y superadora de la de la dictadura cívico-militar. Los mismos que acordaron con Videla y Martínez de Hoz y se beneficiaron delictivamente de Papel Prensa, bombardearon todas y cada una de las iniciativas antimonopólicas y de democratización de la palabra. Todos los interesados conocemos desde hace muchos años de qué se trata el tema. El show mediático de la CSJN es una burla a la inteligencia y un abuso de la lógica.
Los que conocemos y trabajamos con los medios audiovisuales de todo el país somos testigos de los estragos a la economía, independencia, libertad y derecho a la información que el Grupo Clarín en actitud imperialista y colonizadora ha infringido a nuestros compatriotas de la Argentina profunda, a través de Cablevisión y el ahogo a pequeños canales –incluso públicos– por parte de ARTEAR. Ahí está uno de los puntos nodales de la monopolización de la palabra, del imaginario colectivo y de la identidad.
Muchos nos sentimos a punto de ser defraudados nuevamente. A hacer de comparsa de un montaje en el que el final ya está anunciado. A seguir sintiendo la sombra ominosa de Héctor Magnetto. A que se laven las manos sobre el artículo 45, el de la desmonopolización del sistema de cables –la verdadera “caja” del Grupo– y se vuelva a arrodillar frente al poder real.
Mañana estaremos frente al Palacio de Tribunales. Esperemos que los miembros de la Corte Suprema estén frente a la justicia y no se laven las manos.
* Secretario Ejecutivo – Consejo Federal de la Televisión Pública.
