HUERTA ORGÁZMIKA Y REPRESIÓN EN CABALLITO
A medida que pasan las horas y se suceden los acontecimientos represivos del Gobierno de la Ciudad contra los vecinos de Caballito, defensores de un espacio comunitario, se incrementa la consternación por la desmesura de los hechos.
Antecedentes
La huerta en disputa ocupaba un pequeño sector de la plaza Giordano Bruno, lindero con las vías del FF.CC. ex Sarmiento, cuyo propietario oficial es el Gobierno Nacional a través del ONABE, organismo que administra los tierras y otros bienes del Estado desafectados a un uso operativo. En el Gobierno de la Ciudad sostienen que el predio les fue cedido. Existen antecedentes de otras cesiones e incluso ventas del Gobierno Nacional al de la Ciudad. De esta última naturaleza es la Usina de la Música en construcción en el barrio de La Boca. Fue objeto de una transacción. La Ciudad le compró a la ONABE el edificio que albergó décadas atrás una central térmica de la Compañía Italo Argentina de Electricidad. En materia de cesiones no comerciales de parte del ONABE también hay en La Boca un ejemplo reciente. El predio que ocupa el Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín en la calle Irala sigue siendo propiedad del organismo estatal, pero lo administra en comodato la Ciudad, en tanto no cambie el destino acordado.
En Caballito, no se trata como en el parque de La Boca de tres hectáreas sino de una fracción minúscula. Y que según sostienen los integrantes de la Huerta estaría en un limbo legal rodeado de dudas que el gobierno de la Ciudad no habría podido disipar hasta ahora mediante el simple recurso de presentar la documentación habilitante. En todo caso en el fuero Contencioso Administrativo, que se habría encargado de ordenar el desalojo legal si el magistrado actuante encontrara suficientes razones para tomar esa decisión.
La ferocidad policial
La PFA actúa con órdenes tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. Los fiscales ordenan de oficio decidiendo procedimientos que la Fuerza ejecuta. A su vez, los jueces emiten fallos que pueden requerir el auxilio de la fuerza pública. La otra línea de mando es la del Ejecutivo: en la cúspide de la jerarquía de la Policía Federal Argentina está Aníbal Fernández, el actual ministro de Justicia y Seguridad.
Que se sepa la intervención policial en los hechos represivos que estamos comentando no proviene de un fiscal ni de un juez. Tampoco la puede ordenar Guillermo Montenegro, el Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad. En todo caso tiene que pedirla a través de los canales correspondientes a la línea jerárquica, que finalmente impartirá la orden al comisario de la seccional que corresponda.
Los efectivos actúan por libreto. Disolver una protesta a machetazos o perseguir a los revoltosos doce cuadras nunca es decisión espontánea de un agente. Entonces ¿quién dio la orden de pegar, perseguir y hasta invadir un centro cultural y llevar gente detenida como en este caso? ¿El oficial a cargo? ¿El comisario? ¿Aníbal Fernández?
Belle de Jour
Como en el film protagonizado por Catherine Deneuve, quizá estemos aquí ante un caso de doble personalidad del Ministro: de día adscribiría a la convención establecida por el gobierno nacional de no reprimir protestas sean en calles o rutas del país; de noche dejamos suelto a Mr. Hyde. O quizá también de día, siempre que no se sepa. O sea, te mando a los muchachos y hacete cargo. Una oferta demasiado tentadora para un Macri dispuesto a exhibir tanta mano dura como sea necesario para fidelizar el voto conservador en Capital.
En un caso que recordamos Aníbal Fernández dio la cara. Fue cuando el Gobierno de la Ciudad le pidió la Policía para desalojar de las inmediaciones de Barrancas de Belgrano a los cartoneros que protestaban por la desafectación del Tren Blanco. Fernández hizo entonces una interpretación rocambolesca. Afirmó que la Policía Federal intervino en el desalojo porque “habían detectado una camioneta rociada con nafta y otros bidones en las proximidades del lugar. La camioneta con nafta, más nafta en bidones, más cartón, más un alambrado, más chicos atrás del alambrado, más una vía de un tren, era una garantía de una situación incontrolable con un nivel de conflicto severísimo” (La Prensa, febrero 27, 2008).
¿Que es lo que está en juego?
No parece haber relación alguna entre la desmesura represiva y el botín. ¿Se tratará acaso de violencia aleccionadora? “Reconquistamos” el espacio público para “la Ciudad”; no estamos dispuestos a tranzar con nadie, podría ser el leit motif auto exculpatorio del Gobierno que justifique acciones de esta naturaleza. Apalear a un muchacho en los riñones y mandarlo al hospital donde permanece orinando sangre parece poca cosa si lo que está en juego es la sacrosanta preservación del espacio público para disfrute de todos los vecinos, no sólo de unos pocos hippies orgánicos.
No puede ser que lo que realmente esté en juego sea unos miserables metros cuadrados de baldío. Dentro del plan de remodelación de la plaza Giordano Bruno ¿no se podría haber dejado este sector para que los muchachos siguieran con sus experimentos de cultivos orgánicos que empezaron hace ocho años, dictando cursos de floricultura y cuestiones afines como parte del atractivo de la plaza? ¿No podría el Gobierno de la Ciudad haber retirado una bañera con plantas acuáticas —que, según voceros oficiales figura en un informe de la Defensoría del Pueblo como un factor de peligro por propiciar la reproducción del mosquito vector del dengue— en lugar de mandar las topadoras? Cuando surgió la cuestión de los floreros en cementerios, de inmediato el Gobierno de la Ciudad ordenó reemplazar el agua con arena. No arrasó las tumbas, las lápidas y las bóvedas junto con los floreros, para evitar el dengue.
Quizá lo que esté en juego, en definitiva, sea la manera en la que el gobierno de Macri tenga pensado lidiar con la participación ciudadana, sean protestas, iniciativas comunitarias o autogestionarias. Y el feroz despliegue de la policía de Fernández un módico anticipo de lo que vendrá cuando Macri comande la propia.
