Las universidades públicas están enfrentando una crisis debido a la falta de actualización presupuestaria y al aumento de los servicios que deben pagar. La situación se ha vuelto crítica, con facultades recibiendo facturas de servicios hasta un 400% más altas que meses anteriores. En respuesta, estudiantes y profesores han organizado acciones para visibilizar esta crisis, como clases al aire libre. En algunas universidades, como la Universidad Nacional del Comahue, la falta de fondos ya ha llevado a la cesación de pagos y la necesidad de negociar planes de pago para poder seguir operando. Los recortes presupuestarios están afectando los servicios básicos, como luz, agua y telefonía celular, lo que pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones educativas.
La semana pasada, cientos de alumnos se congregaron en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA bajo la consigna “Ganar la calle, para no perder el aula” con el objetivo de tomar clases al aire libre, en medio de la crisis que atraviesan las universidades públicas por los recortes de fondos que envía el gobierno nacional. La iniciativa fue convocada por distintos profesores titulares de cátedra, entre ellos el juez Alejandro Slokar junto a estudiantes y a distintos miembros de la comunidad universitaria.
La situación actual se debe a la decisión del gobierno nacional de prorrogar el presupuesto 2023 sin actualizar por inflación. “La consigna que utilizamos fue ‘ganar la calle para no perder el aula’ para, de algún modo, transparentar y hacer visible la crisis que atraviesa la universidad pública”, detalló Slokar en diálogo con la prensa.
En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Ejecutivo ya hizo los ajustes presupuestarios correspondientes, y afirmó que es un problema que las universidades plantean no para ahora, sino que les va a ocurrir en un futuro.
“Es un problema de falta de fondos, que por una factura de luz no van a cerrar las universidades. Ahí hay un tema presupuestario de discusión de fondo si no se les aumenta las partidas presupuestarias. Llegado el caso, se discutirá”, subrayó.
El vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, precisó que “durante el 2023, el presupuesto devengado en gastos de funcionamiento (educación y hospitales) fue de $26.152 millones. La inflación acumulada de enero 23 a marzo 24 es de 325.1%. ¿El resultado? Una necesidad real de casi $90.000 millones para la UBA”.
“¿Qué asignó realmente el gobierno? Apenas $20.000 millones, incluyendo el supuesto aumento del 70%. Esto implica un brutal recorte del 80% en los gastos de funcionamiento, afectando gravemente a hospitales y universidades. Y los salarios docentes y no docentes, que representan el 90% del sistema educativo, han perdido un 35% de su poder adquisitivo en solo cuatro meses”, denunció Yacobitti.
