La Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina (ABOFEM) presentó un escrito al Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando la impugnación a 52 jueces y juezas que se postulan para ocupar dos cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital (Sala I) por carecer de capacitación en perspectiva de género, en el marco del concurso público N° 461.
Resumen Latinoamericano entrevistó a Melisa García, Presidenta de ABOFEM para que desarrollara en profundidad la presentación realizada.
–¿Cómo fue que decidieron hacer esta impugnación?
-Debemos entender que los concursos son públicos, la página de la Magistratura los publica, están accesibles las ternas de las personas que se presentan. Lo digo porque la implicancia que tiene para ABOFEM el hecho de ir directos al poder judicial, un espacio que no se controla, desde el común denominador, te encuentras con mujeres que relatan la injusticia que viven en el poder judicial. Esto fue poner la lupa en un lugar donde siempre nos movemos, porque siempre solemos ver el resultado final. Pero esto es el resultado de un entramado más amplio. Nosotras quisimos poner cuerpo, como siempre, específicamente en donde estaba, al alcance, la información. Pero siempre parece distante el Poder Judicial, y nadie suele ponerse a mirar donde empieza a trabarse este entramado tan complejo que luego termina en un femicidio como el de Úrsula, por ejemplo.
–¿Cuáles son las capacitaciones que tienen que realizar, tiene que ver con la Ley Micaela?
-La capacitación que se requiere según el reglamento interno, no es la capacitación de la Ley Micaela, sino que es más compleja, son tres formaciones en género. Una es la de la Oficina de de la Mujer de la Corte Suprema, la de las universidades públicas y la tercera es la de la Escuela del Consejo de la Magistratura de la Nación. Las demás formaciones son insuficientes según el planteo del mismo reglamento del concurso. La ley Micaela es fundamental, si bien es loable el trabajo de la fundación Micaela, no es capacitación acabada que tienen que tener los jueces que pretendan resolver luego los delitos que tengan que ver con cuestión criminal y federal en temas de género. Son 138 postulantes de los cuales 52 no tienen esa acreditación, hasta el momento de la carga de datos correspondiente y posteriormente a la fecha de impugnación.
–Parece tan transparente el proceso, la impugnación que realiza la asociación ¿qué peso tiene?
-Creo que tiene que ver, en un punto, desde ABOFEM, con el trabajo que hacemos. Nosotras no solamente nos acotamos al tema de asesoramiento, sino que hacemos acciones distintas. Entonces, el impacto tiene que esta impugnación no nos es ajena a nuestra labor. Además, quiero aclarar que esto lo puede hacer cualquier persona, porque la información es pública. Si bien nosotras tenemos personería jurídica, esto lo puede hacer un grupo de personas o alguien de manera individual. Tal vez nosotras tenemos más cercanía con la justicia y por eso pusimos el ojo ahí.
–Esto lo detectaron ahora ustedes, pero ¿hay un observatorio de asignación de jueces? Pienso en concursos previos y seguramente pasaron muchos jueces y juezas sin capacitación, porque tal vez nadie controló.
-Sin duda, la realidad es que se viene trabajando hace un tiempo desde algunas asociaciones y uniones de juezas y jueces intentando sistematizar estadísticas. No deja de ser un espacio complicado, es conservador y elitista. Sabemos bien que muchas juezas, que llegan a determinado espacio, ya luego no pueden cuestionarlo desde adentro. Lo sabemos y les brindamos nuestros apoyo a las magistradas, incluso. En ese sentido, no tuvimos repercusiones negativas, pero sí hay que dejar en claro que no va en detrimento de la cuestión «mujeres o varones», sino que es un tema de la justicia, y de quiénes van a dar las sentencias. Hicimos ya dos presentaciones, el lunes y el martes, vamos a sistematizar datos, en función de los concursos a los que tuvimos acceso y tras la investigación exhaustiva que realizamos.
–Es importante dar a conocer el trabajo de asociaciones como las de ustedes, nos matan cada 30 horas y controlar este tipo de concursos es fundamental. Nosotras estamos atentas a lo cotidiano, al hostigamiento por celular, a la persecución, los celos, a la espera en la puerta del trabajo, al incumplimiento de la perimetral, al pago de la cuota alimentaria, al cumplimiento de las visitas con nuestrxs hijxs, nos quedamos en las vivencias diarias y no podemos ver cómo se cocina ese sistema y ruta crítica que vamos a tener que atravesar. No tenían motivo para recibir críticas. Es importante darle claridad al circuito de la «injusticia» burguesa, porque, por otro lado frente a episodios de violencia, es necesario que las mujeres denuncien.
-Es un placer tener estos intercambios, porque a nosotras nos pasó, tuvimos que animarnos a presentar esto. Hay presiones frente a los jueces y juezas que concursan, íbamos a darle visibilidad a eso. No podemos dejar que sea una cuestión ideológica, es cuestión de normas internacionales. Hay un estado que se compromete a erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, a través de sus diferentes normas, tratados, convenciones. También hay algo que hay que tener en cuenta, cuando decimos que «el estado se compromete», decimos que el estado son los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. A veces parece que hablamos de estado y es solo el ejecutivo. Pero es más que eso, no olvidemos que el judicial es quien interpreta la norma y esas normas si no tienen perspectiva de género, si esa jueza o ese juez no tienen perspectiva de género, no tiene formación suficiente, su sentencia no la va a tener. Me parece que es ahí, donde volvemos a lo mismo y terminamos saliendo a la calle porque nos siguen matando, nos están matando. No es una exageración o cuestión de qué queremos saber de más. La presentación está fundamentada y logramos ponerla en agenda. Esto es para todas y todes, es una acción colectiva para generar un cambio.
