CAUSA POR SOBREPRECIOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Un tribunal de apelaciones en pleno inspeccionó ayer las obras en la Costanera Norte para la construcción de túneles aliviadores del arroyo Maldonado, en el marco de una causa iniciada por legisladores porteños de la Coalición Cívica en la que denuncian serias irregularidades administrativas, sobreprecios y contaminación ambiental.
La obra fue otorgada en licitación a la empresa Ghella Italiana por 495 millones de pesos, pero el costo se elevó en unos 70 millones de pesos luego de que esa compañía se asociara con la local IECSA, que presidía Franco Macri y cuya titularidad ejerce ahora uno de sus sobrinos, Angelo Calcaterra.
Es una de las iniciativas más ambiciosas del Gobierno de Macri. Consiste en la construcción de túneles aliviadores paralelos al entubado arroyo Maldonado, que atraviesa la ciudad de Buenos Aires por debajo de la avenida Juan B. Justo y desemboca en el Río de la Plata en proximidades del aeroparque Jorge Newbery.
Precisamente, en la zona de la desembocadura del Maldonado se hizo un pozo -de unos 32 metros de diámetro- donde comenzaría a trabajar una “tuneladora” traída desde Italia para construir los canales aliviadores del Maldonado.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, Vicente Cataldo, ordenó suspender la obra en julio pasado, al considerar los informes técnicos presentados por los diputados de la Coalición Cívica sobre la contaminación del Puelche, como también las modificaciones de la obra y el incremento del precio original.
Esa resolución judicial fue apelada por el Gobierno porteño ante la Sala dos de ese fuero, cuyos magistrados también pudieron comprobar durante la inspección que continúan las obras, es decir, que no se cumple con la medida cautelar del juez de primera instancia.
Los tres magistrados de la Sala dos de la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Eduardo Russo, Mabel Daniele y Esteban Centanaro, recorrieron durante unas dos horas -de 14 a 16- las obras y requirieron la opinión de los peritos de los diputados denunciantes como de los ingenieros de la empresa constructora. También participaron representantes de organizaciones vecinales que cuestionan esas obras, como la asociación Lago Pacífico y Palermo Despierta.
