El ex viceministro de Hacienda Sebastián Galiani participó de una investigación que consistió en amenazar a personas pobres en África con cortarles el suministro de agua y luz por no pagar.
En una repudiable y descabellada investigación, un ex alto funcionario del macrismo participó de un proyecto que consistió en observar la reacción de una población de una villa en África al que se le cortó el suministro de agua y luz. El objetivo era saber si iban o no a pagar por el servicio a pesar de las dificultades económicas que presentaban.
La organización privada estadounidense National Bureau of Economic Research (NBER), integrada por Sebastián Galiani, ex vice ministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri en la gestión de Nicolás Dujovne, publicó una investigación hecha durante el 2018 en la ciudad de Nairobi (Kenia). El experimento propuso cortar servicios esenciales como agua y luz en barrios marginales para analizar la reacción de sus habitantes.
El informe titulado “Hacer cumplir el pago por los servicios de agua y saneamiento en los barrios marginales de Nairobi” cuenta con veinticinco páginas donde afirma que a partir de advertencias de cortes o la desconexión de suministros básicos, la gente opta por pagar indefectiblemente. El escrito llevó también la firma de los economistas Aidan Coville, Paul Gertlet y Susumu Yoshida.
“La alta frecuencia de impagos ha creado una crisis fiscal para los servicios públicos y ha obligado a las empresas a racionar los suministros”, sostuvo el documento. Además, se basaron en que las entidades que proveen servicios públicos “temen que las desconexiones tengan consecuencias políticas”, y que por eso evitan interrumpir el suministro.
“Probamos un estímulo suave que informa a los inquilinos sobre la morosidad en el pago del propietario y, en segundo lugar, una fuerte amenaza de desconexión por falta de pago con aplicación si los propietarios no pagan”, explicaron los economistas en el texto. De ese modo, llegaron a la conclusión de que los propietarios de las viviendas terminaron trasladando estos costos a subas en los alquileres de los inquilinos.
“Para contrarrestar el aumento efectivo de las tarifas de servicios públicos pagadas, los propietarios aumentan sus ingresos por alquiler alquilando espacio adicional en sus complejos y aumentando marginalmente los alquileres de los inquilinos”, detalló el insólito informe. Para Galiani, que no se haya generado un conflicto social “sugiere que la aplicación estricta a través de desconexiones, aumenta el pago y la posición financiera de la empresa sin incurrir en costos políticos”.
Fuente: eldestapeweb.com
