El Observatorio de Derechos Humanos celebró la sentencia de la Jueza porteña Helena Liberatori, por medio de la cual se le ordena a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires efectivizar el artículo quinto de la ley 83 de la Ciudad, donde se establece que “en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”.
“No cabe duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales”, comunicó la jueza por medio del fallo.
La causa se inició por un amparo de Hansel Adolfo Oscar Stegemann, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que quiten de las placas de las calles, plazas, escuelas, o de cualquier otro espacio público, los nombres de aquellos que usurparon el cargo durante los períodos de facto.
El amparo recibo la adhesión de HIJOS, la asociación La Azucena y la Unión de Empleados de La Justicia de la Nación de la cual el Dr. Stegemann es miembro de la Comisión Directiva de la Seccional Buenos Aires.
A raíz de la sentencia deberán cambiar su nombre la plaza “Teniente General Eduardo Lonardi”, Plazoleta “Ernesto Padilla”, calles “Intendente Guerrico”, “Capitán claudio H. Rosales”, “Mecánico Militar Leopoldo Atenzo”, “Cadete Carlos Larguia”, “Soldado Miguel Santi”, la escuela “Octavio Pico” y la escuela “Ernesto Padilla”.
