El gobierno otorgará este año 145 millones de dólares a los grandes actores económicos de la agroindustria. 100 millones de pesos es lo que necesitan productores y productoras de la agricultura familiar para poder llevar la comida a nuestras mesas y el Ministerio de Agroindustria se los niega. Y encima, les quita la obra social y la jubilación.
Aquellos que lo conocieron, cuentan que Mártires López era un hombre valiente, de esos que se ponen de pie y afrontan el destino con dignidad. “Verdad y Justicia”, dice la bandera que levanta la FNC (Federación Nacional Campesina), y que casi no cabe por el portón trasero de la camioneta. Ya son siete años sin saber qué le ocurrió realmente a Mártires, aquel 14 de junio. Hasta hoy, sus familiares y seres queridos de Pampa del Indio, en Chaco, están convencidos que no fue un accidente de tránsito más. El rostro del líder Qom está ahí, luce raído por el paso del tiempo. Pero acompaña la lucha y el pensar de Roberto y tantos trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar, campesina e indígena; que convocados por la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), se movilizan de a borbotones, y coparon Parque Lezama.
Roberto cultiva mayormente verduras de hoja (lechuga, acelga, rúcula), en el Cinturón Verde de La Plata: una de las regiones hortícolas más importantes del país. Asegura que su trabajo es producir gran parte de las verduras que consumimos. El 60% de los alimentos, para ser más exactos. Pero que eso se ignora en el mercado de los commodities. En su bolsillo no ve remunerado el esfuerzo, las horas de laburo en la quinta; lo que le impide proyectar más allá de una casa precaria, y soñar con una mejor calidad de vida. Piensa en los aumentos de los servicios, el combustible, los insumos y los alquileres. Y en que mañana deberá poner el lomo, si no quiere perderlo todo. Así, bajo una lluvia copiosa y finita, Roberto está preparado para marchar hacia el Ministerio de Agroindustria, y exigir por sus derechos. “Vamos a seguir dando pelea. Esta es la mejor forma para hacerle frente a la política de expulsión”.
Empujan a la informalidad a miles de trabajadores. No pueden realizar ventas en blanco, ni tener aportes para la jubilación. No hay voluntad. No hay criterio.
La problemática de los pequeños y medianos productores se agrava aún más con la reciente baja del MNS (Monotributo Social Agropecuario). Tener cobertura médica y aspirar a una jubilación digna, es cosa del pasado para los olvidados. Jorge también se quiere hacer escuchar. Forma parte de La Vía Campesina, en Misiones, donde la producción es principalmente de tabaco y yerba mate. Considera esta medida del gobierno un golpe a la agricultura de menor escala, la que genera la mayoría de los puestos de trabajo en el campo. “Vivimos en una economía de subsistencia. Esto no hace más que empujar a la informalidad a miles de trabajadores. No pueden realizar ventas en blanco, ni tener aportes para la jubilación. No hay voluntad. No hay criterio”. Mientras tanto, se estima que este año los grandes actores económicos de la agroindustria, recibirán 145 millones de dólares, ya sea a través de créditos por sequía o reducción de retenciones a la soja.
Para Jorge, el desmantelamiento de la Secretaría de la Agricultura Familiar y del SENASA, de vital importancia para asesorar y estar cerca de los que más lo necesitan, es también una forma de achique: “El Estado tiene menos presencia y entonces recibe menos demanda de los productores”. Los Agricultores Familiares del Oeste y la ANPUP (Apicultores Nucleados por un Propósito), se involucran con la causa del otro campo, que pide auxilio.
Viviana es madre de cuatro hijos. Padece cáncer de estómago y necesita una obra social.
El Gobierno se la está quitando.
La ausencia de técnicos perjudica a criadores porcinos, como Pedro. “Nosotros mejoramos la genética con el aporte de los veterinarios. Nos brindan planes sanitarios, orientación. Es una herramienta vital”, explica. Lleva consigo 15 años de experiencia en la cría de animales. Aspira a aumentar la producción, darle valor. Pero hay problemas con la comercialización. Y son cada vez más las exigencias para habilitar los criadores. “Ahora con la subida del maíz, se complica más todavía. Faenamos colgados de los árboles”, suelta con humor, como para olvidar las injusticias, la mala sangre y el frío. Lo sufren los chanchos, que son llevados en brazos. Chillan y tiemblan, envueltos en banderas extranjeras, y también de Argentina. El mensaje es claro: No a la importación.
Los tractores delante. Cajones de verdura apilados uno arriba del otro, verdurazos. Las botas para el barro, hasta las rodillas. Y una vaca con la mirada perdida en medio de la metrópoli. Son el faro a seguir. Viviana carga un cordero a upa. Tiene campo en San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires. Es madre de cuatro hijos y está enferma. Padece cáncer de estómago y necesita una obra social. “Nos tienen abandonados. Es muy duro el día a día. Hay muchos compañeros que necesitan atenderse”, denuncia. Erica es compañera suya de la UTT: “Sufrimos porque pagamos todo a precio dólar y nuestros productos se venden en peso. No podemos sustentar la producción. El gobierno pretende que cambiemos de vida pero no podemos: muchos nacimos en el campo y vivimos de esto”.
Se estima que más del 70% de los pequeños productores no son dueños de la tierra donde trabajan y viven. O dicho de otro modo: 200 mil trabajadores poseen el 13% de la tierra cultivable. El resto, le pertenece a los de siempre: los terratenientes.
Muchas familias son víctimas de desalojos y violencia
Javier, de Exaltación de la Cruz, tiene la suerte de conservar algunas hectáreas. Claro que eso no le garantiza nada: también sufre pérdida del cultivo por el mal clima, y la falta de políticas públicas adecuadas para el sector. Las calles inundadas, inaccesibles. “Nos prometieron un montón de cosas y no cumplieron. El Estado nos mira de reojo. El productor local produce y vende casi al costo. Trabajar por trabajar no da gusto. Uno quiere tener a su familia bien, que no pase necesidades”, denuncia.
Por eso la propuesta de créditos blandos y una ley de acceso a la tierra, desoída por Luis Etchevehere y compañía. Según el cálculo, la inversión de 100 millones de pesos por parte del gobierno, significaría que 500 pequeños productores accedan a 500 hectáreas de tierra. Y en consecuencia, se produzcan verduras para algo así como 62.500 familias al año.
Al fin y al cabo, para Javier no hay nada más lindo que cultivar la tierra. “Me toca el alma”, suelta. Lo experimentó de chico, con su papá. Está orgulloso de ser del campo, y de pertenecer a una familia de productores. Parado frente al Ministerio, sobre Avenida Paseo Colón, sólo espera poder repetir la historia junto a su hijo.
(Fuente: Revista Cítrica)
